Admiten para estudio denuncia contra congresistas que aportaron a la vaca por las vías
La denuncia tiene como tesis que aportar constituye un contrato y por lo tanto se da una irregularidad.
Imagen de referencia de una vía 4G en la Concesión costera Cartagena-Barranquilla. Foto: Colprensa.
Medellín, Antioquia
La denuncia presentada por el abogado Carlos Mario Patiño González en contra de varios congresistas colombianos ha sido admitida para su estudio por un juez de la República. Este hecho surge a raíz de la presunto actuar indebido de los congresistas que hicieron donaciones a “la vaca por las vías de Antioquia”. Según el denunciante, estas acciones podrían conllevar a la pérdida de investidura de los implicados, debido a que se podría constituir en un contrato con el estado.
Entre los congresistas señalados por el denunciante se encuentran Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez. De acuerdo con Patiño, estos congresistas habrían incurrido en una inhabilidad al haber contribuido económicamente a la recolecta, que según su criterio, viola la Constitución Política de Colombia, tal como se evidenció en publicaciones realizadas por los mismos congresistas en redes sociales.
La denuncia plantea que las donaciones efectuadas por los congresistas podrían ser consideradas como contratos con el Estado, lo cual estaría prohibido según el artículo 180-2 de la Constitución Política de Colombia. Al respecto, el abogado del denunciante explicó que “la donación es un contrato unilateral, que además tiene una cláusula que es la aceptación de la donación, es decir que hay un sujeto pasivo que es la Gobernación, que en el decreto dice que se entiende aceptada la donación en términos generales”.
El artículo en cuestión estipula que los congresistas no pueden celebrar contrato alguno con el Estado. En este contexto, el denunciante argumenta que una donación destinada a una causa pública como la mencionada también podría considerarse como un contrato de facto, lo cual pondría en riesgo la investidura de los congresistas involucrados.
La recolecta, que ha logrado reunir más de 12 mil donantes y más de 4 mil millones de pesos, tiene como objetivo financiar obras de vías 4G en el departamento de Antioquia.