¿Cómo enfrentar el panorama de explotación sexual y prostitución?
Panelistas consideran que las medidas en Medellín son un avance, pero resaltan que debe haber mayor apoyo institucional
En Hora20 el análisis el escenario de prostitución y explotación sexual que vive Medellín y otras ciudades del país. El debate a cómo se llegó a este punto, las rutas para atender la prostitución, las fórmulas que aplican las administraciones locales, así como una mirada al prohibicionismo o la regulación de la prostitución. También el debate al trabajo interinstitucional para enfrentar a las mafias y carteles detrás de la explotación sexual, así como el trabajo de la Policía y la justicia.
El registro de la entrada del estadounidense Timothy Livingston al hotel Gotham en Medellín con dos menores de edad de 12 y 13 años, la aparente y posible negligencia de la Policía al dejar el libertad al extranjero bajo el argumento de no haberlo encontrado en flagrancia, la salida del país de Livingston sin ningún problema y la apertura de la investigación de la Procuraduría a los miembros de la Policía que hicieron de jueces, ha levantado por completo el drama de la prostitución en Medellín. El alcalde de la ciudad aseguró que el problema ha tocado fondo y tomó medidas complementado las adoptadas en febrero: suspender la demanda o solicitud de servicios sexuales en cuatro zonas de El Poblado y hacer modificaciones al horario de rumba pasando del cierre a las 4:00 a.m. a la 1:00. Se estima que a la ciudad llegan 1,7 millones de turistas cada año, algunos de ellos llegando en búsqueda de servicios sexuales que se ofrecen en extensas zonas de la ciudad.
En Cartagena se adoptaron algunas medidas similares, pues en la ciudad se estima que hay hasta 3 mil mujeres en condición de prostitución o bajo explotación sexual. En enero, el alcalde Dumek Turbay prohibió la prostitución en zonas del Centro Histórico de la ciudad. Una medida criticada por quienes abogan por la prostitución o su regulación, pues argumentan que se afectan derechos, se criminaliza y son vulneradas. Otro de los aspectos que genera la prohibición o suspensión de la oferta, es el posible desplazamiento de las personas en condición de prostitución a zonas donde hay mayores riesgos.
Lo que dicen los panelistas
Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, explicó que hay unas redes criminales que quitan el 50% de los que le pagan a estas mujeres y menores, “pasamos cuatro años en la alcaldía de Quintero en la que solo se acordonó la zona”. Señaló que es positivo que se identifica que son bandas criminales, “se habla de cuatro que están facilitando todo lo que ocurre. Las bandas las utilizan, cobran poco por ellas y viven solas”.
Destacó que falta mucha sanción social, “muchos restaurantes dicen que se prohíbe el acceso, pero cada vez más se debería cerrar más filas en ese sentido”. Además, dijo que es un buen principio el enviar mensaje de que se restringe y de que no se acepta ese turismo ni la utilización de las mujeres.
Fabio Humar, abogado penalista y director de la firma Fabio Humar Abogados, explicó que cuando se le pide a un Policía, que no siempre tiene formación seria en esta materia, pasan sucesos como este terrible hecho, “se consuma el abuso y este señor se da a la fuga. O hay corrupción o el nivel de omisión es delincuencial”, también manifestó que este fenómeno de descriminalización de una etapa en todo un proceso de ilegalidad, que no sucede solo con la prostitución, también ocurre con temas como la dosis mínima, “con lo cual, toda la artillería debería estar en la investigación que es la Fiscalía porque el último eslabón no está prohibido. Hay ofrecimientos explícitos en la ciudad y uno queda sorprendido y adolorido”.
Para Helena Hernández, abogada penalista con enfoque en derechos de las mujeres y niños, niñas y adolescentes y profesora universitaria, hay falta de entendimiento de dos fenómenos: trata de personas con fines de explotación y la prostitución. Cuando no se mira integralmente no se sabe si se está en lo lícito, si debe haber captura, etc. “Las políticas deben ser consistentes en desincentivar la prostitución y en aplicar el Código Penal cuando estamos ante estos delitos; hay que trabajar de manera integral y no es necesario que haya red o banda”. Manifestó que desincentivar la prostitución puede tener como tendencia la abolición o prohibición, “la Corte desde 2009 fue contundente al decir que la prostitución está acompañada de trata de personas, entonces el Estado puede erradicarla”.
Claudia Quintero, defensora de DDHH de las mujeres y las víctimas de la trata de personas en Colombia y Premio Mujer Cafam 2022, fue contundente al plantear quesiempre se piensa en la supuesta decisión de las mujeres en el tema de prostitución, “en la alcaldía Peñalosa se hizo una caracterización a mujeres prostituidas para saber por qué estaban ahí y solo el 1,6% dijo que quería estar en la prostitución”. También recordó algunas cifras: el 40% de las mujeres que atiende tienen problemas cognitivos y que el 80% de mujeres que están en prostitución están en el Sisbén, “ninguna está ahí porque quiere estar con un borracho”. Comentó que las decisiones que se han adoptado en Medellín son un avance porque se hace responsable al que consume, “sí creo que hay una reflexión social en Colombia y se cuestiona el consumo. Los daños mentales de una de 16, lo tiene también una de 20 años”.
De otro lado, fue clara en decir que la prostitución no es un delito en Colombia, “pero que el Estado debe proteger al 99% que están allí porque no tiene plata, porque desde niñas han sido abusadas”. Por último, manifestó que se debe instar a la alcaldía para que ocupe territorio, “no es solo correr a las putas y los puteros, se trata de que ellas vean que hay una oportunidad y hay que llevar oferta estatal. Las mujeres me dicen que quieren salir de la prostitución, pero no hay cómo sacarlas, no hay fondos. Mi fundación atiende en este momento 300 mujeres, solo en Cúcuta hay 25 menores”.
En entrevista, Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín, explicó que la decisión del alcalde Gutiérrez de suspender por seis meses la demanda o el consumo de servicios sexuales y actividades afines, en una zona puntual de El Poblado tiene el propósito de atender como medida extraordinaria, “lo que sabemos que ocurre es una tragedia ética, cultural, social donde lo que vemos es que están explotando y comercializando a nuestros NNA y mujeres”. Aclaró que lo que hay detrás de la prostitución es el fenómeno de explotación sexual de mujeres y algunos menores, “todo lo que ocurre en el territorio se da en el marco del control territorial de estructuras criminales; hay verdaderas rentas criminales”.
Resaltó que el decreto se toma como medida administrativa en el marco de una estrategia que tiene otras medidas, pues mientras se trabaja en lo penal, también se debe tomar medidas administrativas y sociales o culturales.