Contraloría detecta ‘venas rotas’ en el sistema de salud especializado de los indígenas
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en el control de los recursos invertidos y falta del servicio para varias comunidades indígenas del país.
Nuevas evidencias de inconsistencias en la prestación del servicio de salud de las comunidades indígenas evidenció la Contraloría en un informe, que muestra fallas en los sistemas especializados del país.
Durante estos 12 años, el Ministerio de Salud asignó $20.193 millones para desarrollar el Sistema de Salud Indígena, y giró otros $50.043 millones a entidades territoriales y organizaciones indígenas para el desarrollo de 77 modelos de salud, varios de estos sin criterios técnicos, y sin un control y seguimiento adecuado de sus avances y resultados.
Uno de los casos críticos es el Vaupés, departamento con el mayor porcentaje interno de población indígena del país, donde se giró menos del 1%, es decir solo $444 millones para atender los 4 modelos de salud, y que además no presentan avances significativos.
La Contraloría también identificó un giro de recursos sin criterios técnicos sólidos y transparentes, y que la distribución de fondos no guarda coherencia con los territorios donde se presentan las mayores brechas en salud de la población indígena.
¿Cómo se distribuyen los recursos de salud?
Los recursos girados se concentran en 5 modelos de salud: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC recibió el 48%, seguido del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU (10%), Emberá Chami y Katio Caldas (8%), Wayuu (3%) y Pastos en Nariño (2%). El resto de los modelos (72) acumulan el 28% de los recursos asignados.
Estos resultados encontrados por la Contraloría, evidencian la necesidad de que el país establezca programas de salud mental y cuidado serios para las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que en diferentes regiones terminan cooptados por grupos ilegales.
Y en el caso del Guaviare, es muy doloroso lo que pasa con los niños de la comunidad Nukak, quienes se encuentran en situación de indigencia y con casos de explotación, así como ocurre con los Embera que viven en Bogotá, cuyos líderes tienen problemas de adicciones, y las mujeres y niños son explotados calles y parques de Bogotá.