Vigencias y servicios públicos, ¿búsqueda de “superpoderes” del Presidente?

En Hora20 un programa para entender si el Presidente Petro busca tener “superpoderes” en dos frentes: que decida sobre las vigencias futuras de proyectos clave para el país y sobre la ley de servicios públicos en el que se le entregarían facultades para regular el sector. Daremos una mirada a lo que esto implica para ambos sectores, las motivaciones del gobierno y las consecuencias en términos de seguridad jurídica.

Dos borradores, un decreto y otro de un proyecto de ley han generado alertas por cuenta de los poderes que podría tener el presidente Petro a partir de estas dos iniciativas. La primera tiene que ver con un decreto que está para comentarios hasta el 2 de mayo y que aborda las vigencias futuras, pues a partir de este decreto los proyectos de inversión una vez obtengan concepto favorable del Departamento de Planeación Nacional, deben contar también con la conformidad del Presidente Petro en casos de vigencias futuras, reprogramación o traslados presupuestales. El decreto también contemplaría hacer modificaciones al decreto de liquidación del presupuesto durante la vigencia, el mismo que fue objeto de polémica la semana pasada al no contar con la destinación específica, un error que fue solucionado con la publicación posterior de un decreto de yerros.

Este decreto que la otorgaría al presidente la posibilidad de decidir sobre las vigencias futuras en algunos proyectos podría generar retrasos en algunas obras, demorar la ejecución presupuestal y dejar con tinte político decisiones que deberían ser técnicas. Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, este decreto no da más facultades el Presidente, y dice que solo lo mantiene informado sobre los proyectos de inversión. Sin embargo, este decreto sí tiene el mismo propósito que tenía el de liquidación de presupuesto: castigar a las obras que están retrasadas, “podría reprogramarse las vigencias en función de que si la obra está atrasada no tiene ningún sentido que me pidan que gire recursos cuando la plata está ahí represada”, y también dijo que “todo lo que tiene hoy declaratoria de importancia estratégica lo va a seguir teniendo. Lo que se requiere es que esas obras efectivamente avancen y podamos evaluarlas, y que si no hay obras podamos direccionar recursos hacia otras obras”.

Lo que dicen los panelistas

Para Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, Minas y agricultura, exembajador y exsenador, el borrador de decreto es muestra de la desconfianza profunda del Gobierno con los estamentos técnicos del Estado, “la reprogramación de vigencias futuras se puede hacer y está en las leyes cómo hacerlo”, pues explicó que la ley establece que las reprogramaciones se pueden hacer bajo las consideraciones del Confis y el Conpes, pero asegura que en este escenario van a quedar disminuidos. Destacó que lo que propone el Gobierno es exótico en el derecho presupuestal colombiano, “lo grave es establecer con qué elementos de juicio participa el Presidente”. Resaltó que todo lo que ha pasado con el presupuesto no tiene antecedentes y que este proyecto de decreto está vinculado con el episodio del decreto de yerros de los $13 billones, “esto muestra voracidad del Presidente de suplantar instancias técnicas”.

También explicó que las vigencias futuras se dan en el sentido de que en la medida que el Estado no tiene recursos ni hora ni antes para hacer obras, recurre al capital privado, a los bancos, a las APP y les dice que se pongan el dinero de una obra, “entonces se compromete como Estado a remunerar esa inversión en vigencias futuras”.

Para Juan Alberto Londoño, abogado, exviceministro de Hacienda, las decisiones técnicas del presupuesto deben ser técnicas y no deben tener tinte político, “otro punto es el de seguridad jurídica, componente de indefensión del contratista es delicada”. También manifestó que este borrador de decreto hace que las modificaciones del presupuesto se vuelvan inmanejables y esto lo hace mucho más lento, “el sistema sería absolutamente ineficiente; el país está en grave crisis de inversión y esto agrava la crisis”. Sobre el funcionamiento de estos presupuestos, dijo que el gasto lo autoriza el Congreso y el que prioriza el gasto es el Congreso, “no puede el Gobierno tomarse esa facultad y ahora modificarlo”.

Sobre el funcionamiento de las vigencias futuras, dijo que estas para Colombia son como la deuda pública, “nosotros nos endeudamos con contratistas, hacen la obra y se paga a plazos. Si no pagamos en esos plazos y ahora decimos que otra obra es más importante, pues no se paga la deuda pública”, además, dijo que el país paga las obras que ya se entregaron, “el metro de Bogotá tiene vigencias futuras hasta 2025. El privado nos financia, fueron al sistema financiero nacional y extranjero y ahora el Gobierno pretende reprogramarlas”. Por último, manifestó que la explicación de todo esto es que el Presidente quiere negociar con cada contratista y someterlos a su voluntad, “también quiere cambiar la forma de ejecutar el presupuesto, de redireccionarlo para gastarlo con otras personas y de otra forma”.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, recordó que cuando el Presidente estaba en el Congreso, uno de los grandes debates de Petro era cuando pedía que no se jugara con candela a lo que ya tenía vigencias futuras, con lo cual, advirtió que, si hay necesidad de cambios en una obra, se deben tomar decisiones, “pero no se debe generar incertidumbre, ¿qué pasa con la seguridad jurídica? ¿qué pasa con los que nos dan los créditos? cuando se están viendo estos nubarrones”. De hecho, insistió en varias ocasiones que las calificadoras de riesgo están pendientes de lo que ocurre en el país, “es peligroso el derecho de veto y para eso está el Confis”.

El presidente del gremio dijo que la Creg es un ente técnico y ahí se toman las decisiones más importantes por encima de la política o del Ministro, “ahí está MinMinas, MinHacienda, hay seis miembros y solo uno en propiedad y quieren dos adicionales”. También planteó que el Presidente no necesita asumir esas responsabilidades que plantea el borrador porque las decisiones políticas nos llevaron a apagones, “apagones que no hemos visto por 30 años. En ese tiempo se ha incluido la partida de lo privado”.

También manifestó que la tarifa es el problema de hoy, “decir que eso se soluciona a través de una ley, pues no es. El presidente puede sacar presupuesto y solucionar el problema; la inseguridad jurídica es peligrosa, así como lo es que la inversión se diluya”.

Clara López, senadora de la república por el Pacto Histórico, explicó que para que algo llegue al visto bueno del Presidente debe tener visto bueno en el DPN, “no es estrambótico que el Presidente quiera saber cuál es el avance de un proyecto y él no define la reprogramación de vigencias futuras”. También destacó que sabe que en el espacio donde se pone aprobación del Presidente, no es donde se inicia ni donde se hace análisis de la obra, “es la constitución de una vigencia futura o reprogramar en función de atrasos”. De hecho, detalló que en el proceso primero es una instancia técnica y después una política, que según dijo, no representa politiquería, “este gobierno da un viraje en el modelo de desarrollo como se hizo en campaña. Se adelanta un cambio y se le quiere hacer seguimiento”.

Planteó que en 2023 el gobierno giró recursos, “pero las obras no se hicieron en la velocidad presupuestada, los dineros públicos deben guardar su finalidad, no es que se acumulen billones de pesos en una obra que está en un pleito por cuatro años”, pues planteó que en el metro Bogotá hay atraso significativo y que no es desfinanciarlo, sino garantizar que los recursos sean utilizados en otras obras como la que se cayó de Medellín a Quibdó o lo de Rosas, Cauca.