Gobierno reclamó eficacia al Mecanismo de Verificación de los ceses al fuego
Se pide reformar los tiempos de respuesta a presuntas violaciones de grupos armados a esos pactos.
Bogotá D.C.
El paro armado del ELN en el Chocó y el asesinato de un soldado en Nariño, así como el hostigamiento al Ejército por parte del Estado Mayor Central de las disidencias FARC en el Cauca, han puesto en duda el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que es el encargado de establecer si esos crímenes son violaciones al cese al fuego que se tiene con ambos grupos armados.
Las demoras son evidentes y están preocupando al Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares. Por eso, el jefe de esa cartera, Iván Velásquez, lanzó un duro llamado para que la operación del mecanismo sea eficaz y presente los resultados de estos incidentes que puedan llegar a considerarse como violaciones de los protocolos del cese.
“Nuestra posición unificada del Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Militares y con la Policía Nacional es que se haga la verificación efectiva, y en ese sentido hemos planteado en los Mecanismos, la reforma de los reglamentos internos para que se establezcan plazos perentorios de verificación y de respuesta a los eventuales hechos violatorios que se han presentado”, señaló el ministro Velásquez.
El funcionario reveló que los informes presentados por los Mecanismos de Monitoreo y Verificación con ocasión del vencimiento al tiempo pactado para el cese al fuego se limitaban a detallar los efectos benéficos o las dificultades del cese y la cantidad de casos presentados para su verificación, pero no se presentaban los resultados.
A pesar de que el ministro Velásquez se abstuvo de revelar una cifra oficial de personas privadas de la libertad por parte del Eln, informó que dicho proceso de liberación de secuestrados por parte de esa guerrilla ya se encuentra en curso y avanza de manera satisfactoria.
En ese mismo sentido, Velásquez recordó que en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales que no se encuentren en procesos de negociación o conversación (como por ejemplo, el Clan del Golfo), es política del Gobierno del Presidente Gustavo Petro autorizar y/o admitir las operaciones de bombardeo, única y exclusivamente si la inteligencia militar logra acreditar fehacientemente que no hay presencia de menores de edad, victimas del reclutamiento ilícito, en los campamentos de dichas organizaciones ilegales.