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Pueblo raizal de San Andrés y Providencia será reconocido como víctima del conflicto

Con este reconocimiento iniciaría la ruta para concertar el plan de reparación integral y exponer los daños colectivos que provocó el conflicto armado a este pueblo raizal.

(Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz

Colombia

La Unidad para las Víctimas reconoció al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y Sujeto de Reparación Colectiva.

El reconocimiento estuvo a cargo de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien desde Providencia, presentó la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre que contiene los daños que debilitaron el goce efectivo de los derechos colectivos del pueblo y que están vinculados de forma directa e indirecta al conflicto armado.

“Este reconocimiento permitirá visibilizar y entender cómo las dinámicas del conflicto se adaptaron de manera diferencial a la insularidad, habla de cómo sus expresiones son distintas a las del resto del país continental”, indicó Tobón Yagarí.

De igual forma, Yagarí aseguró que este hecho histórico brinda la oportunidad de reparar y garantizar los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y al maritorio y territorio, que fueron vulnerados durante la violencia.

En dicha resolución se estableció que San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con una ubicación geoestratégica “que ha llevado a que durante muchos años los actores armados tengan una serie de intereses particulares”.

Adicional, al articulado consideró que la comunidad raizal fue afectada por varios hechos victimizantes tales como: desaparición forzada; homicidio; delitos contra la libertad e integridad sexual; esclavitud, trabajo forzoso; allanamientos; amenazas a la vida, discriminación racial y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Este proceso es el resultado de un año de trabajo en colaboración con la población víctima raizal y se enmarca en una estrategia de intervención integral realizada a lo largo del 2023 por la Unidad de Víctimas, la cual realizó diálogos comunitarios para fortalecer la organización y reconstruir la confianza en la institucionalidad.

La directora de la Unidad para las Víctimas destacó la exigencia histórica del pueblo raizal al Estado colombiano para superar el racismo institucional y reconocer sus derechos. Indicó que el Gobierno está comprometido con la implementación de una política que contribuya a superar los rezagos, brinde una reparación transformadora y permita a las víctimas del conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.