85 Defensores de Derechos Humanos fueron asesinados el primer semestre de 2023
Así lo reveló un monitoreo del programa Somos Defensores.
Protestas contra asesinatos de líderes sociales en Colombia. (Photo by Ovidio Gonzalez/Getty Images) / Ovidio Gonzalez
Bogota
Según el informe, “La Espera”, del programa Somos Defensores, de enero a junio de este año, la violencia arrebató la vida de 85 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos en Colombia. De los asesinatos documentados, 15 víctimas fueron mujeres y 70 fueron hombres.
“Se registró un preocupante incremento del 6% en el total de agresiones. Aunque se haya presentado una disminución del 14% en el número de asesinatos, los 85 asesinatos continúan siendo la manifestación de una realidad aterradora. Igualmente, llama la atención de forma preocupante el aumento de un 50% de los asesinatos contra personas defensoras y lideresas, y el registro de 52 casos de atentado”, señala el informe.
Los 85 asesinatos se presentaron en 24 departamentos y en Bogotá, lo que equivale a una ocurrencia en el 76% del territorio nacional. En cuanto a las regiones con mayor ocurrencia de hechos, se encuentran Cauca, Valle, Antioquia, Nariño, Cesar, Arauca, Bolívar, Córdoba y Norte de Santander.
Según el análisis hecho, para Somos Defensores, se necesitan mayores desarrollos y claridades en relación con la política de Paz Total para poder avanzar en una disminución de las violencias que enfrentan las comunidades en buena parte de los territorios y de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
El informe también advierte que es indispensable avanzar en el marco jurídico aplicable a las grupos armadas de alto impacto, “adelantar las conversaciones con estos grupos sin tener la certeza jurídica del tratamiento que se les va dar puede terminar desgastando las mismas muy rápidamente y desatar una escalada de violencia por parte de las organizaciones como los Shottas y los Espartanos en Buenaventura y las bandas criminales en Medellín”.
También, consideran que, “los ceses al fuego que se pacten deben contribuir efectivamente a un desescalamiento de la violencia en los territorios y posibilitar una acción humanitaria que aminore el sufrimiento que vienen padeciendo las comunidades en distintos territorios. Se debe ser cuidadoso de que estos no se conviertan en un instrumento de los actores armados para expandir su presencia y lograr ventajas que les posibiliten ganar control territorial”.
En ese sentido, alertó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encuentra inmerso en un proceso de paz con el Gobierno Nacional, aumentó en un 177% sus agresiones contra estas personas (con 27 hechos más que los cometidos en el primer semestre de 2022).
