Movilizaciones, ¿Qué hay más allá de tomarle el pulso al gobierno?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura con los que inicia la semana. Se debatió sobre el nuevo llamado a la movilización social que hace el gobierno nacional, la respuesta del minInterior, la llegada de la minga a Bogotá, el efecto sobre las reformas y las expectativas sobre la convocatoria. Después el análisis los últimos movimientos de las disidencias: el cese unilateral, las críticas de la vicepresidente y las respuestas de alias “Andrey” en Caracol Radio.

Desde hace más de una semana, el presidente Petro, agencias del gobierno y miembros del Ejecutivo han utilizado sus redes sociales para invitar a los colombianos a movilizarse. Esta sería la cuarta movilización que convoca el Gobierno durante estos 13 meses, “Nos movemos por la vida este 27 de septiembre. Nos movemos por los derechos de las gentes, nos movemos por Colombia Potencia mundial de la vida”, trinó el presidente Petro como gesto de invitación a la ciudadanía. Una marcha que ha estado rodeado de críticas por el impacto que tenga en el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre o como una especie de presión para que el Congreso agilice el trámite de las reformas que hoy son debatidas en el legislativo.

También ha estado rodeado de polémicas por unas supuestas cadenas de WhatsApp en las que el Ministerio del Interior estaría ofreciendo beneficios y promesas de pago para que las personas salieran a marchar, el ministro Velasco ha negado que se esté coaccionando a los ciudadanos, pues asegura que esta movilización no es del gobierno, que es fruto de la gestión de organizaciones campesinas, sindicales, gremiales y sociales y que el gobierno solamente ha mostrado apoyo.

El presidente Petro retomó que Joe Biden acompañará una movilización obrera, para decir que los presidentes deben encabezar la movilización social para lograr transformaciones. Ante lo dicho por el ministro y los riesgos de una interferencia política por las elecciones, la Procuraduría señaló que se puede dar una posible utilización de las marchas con fines políticos.

La minga indígena llega este lunes a Bogotá, se espera que entre el Valle del Cauca y Cauca lleguen unas 8 mil personas, mientras que, desde el congreso, el presidente del Senado, Iván Name, insiste que estas manifestaciones son inconvenientes e innecesarias al generar posibles presiones a una rama del poder público, señala que no van a actuar por dichas presiones y que las marchas no van a definir sus decisiones.

Lo que dicen los panelistas

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y columnista, planteó que el derecho a manifestación es constitucional y sagrado, “no me asusta el tema que se quiera expresar y salir a la calle como quienes tienen prevención de proyectos del gobierno, pero me parece que no podemos pensar con la ingenuidad del ministro Velasco de que esto es un tema de un origen exclusivo de organizaciones ciudadanas, hay un tema escandaloso y es que una promotora de la marcha ha recibido $39 mil millones de pesos vía contratación directa del Estado”.

Advirtió que el riesgo está en que estas marchas sean mítines políticos a favor de candidatos o que se buque aumentar la imagen favorable del presidente, “él tiene una base fija, pero se desprenden simpatizantes de quienes creían en ese cambio. Se está tramitando de una manera inadecuada y esta salida a la calle solo espero que sea pacífica y que no vaya a tener hechos que lamentar”.

Rafael Nieto, abogado, exviceministro y columnista, explicó que, en el caso de Nicolás Petro, la Fiscalía considera que no se cumplió y no se está colaborando para alcanzar un principio de oportunidad, “hay consecuencias adicionales que habría que mirar porque el juez de control de garantías deja en libertad a Nicolás Petro porque encuentra que hay colaboración con sistema de administración de justica y no hay razón para privarlo de la libertad antes de sentencia”, aunque dice que si hay lectura en la cual se llegue a concluir que reunión entre Nicolás Petro y su papá, Gustavo Petro en Barranquilla estuvo inducida a acabar con preacuerdo y hay riesgo de obstrucción a la justicia, “se daría causal para detener preventivamente y podría perder libertad y afrontar el proceso privado de ella”.

Sobre las manifestaciones, dijo que siempre es un desafío y hay riesgos para los marchantes en zonas de conflicto y donde hay presencia de grupos armados, “ahí hay un gran desafío porque en muchos departamentos la presencia del Estado es meramente simbólico; el Estado ha perdido soberanía real”.,

Para Clara Elvira Ospina, periodista, columnista y directora de Epicentro TV, no se puede desligar época preelectoral de esta movilización, “es activar una fuerza popular que está complicada en regiones porque hay elecciones, entonces creo que traerlos y decir que el gobierno está del lado suyo, cuando tienen situación de inseguridad atroz, situación de abandono que no ha cambiado en el año de gobierno y que posiblemente no cambie, que en este mes haya más actividad y no desconocer interés electoral para activar al pueblo es ingenuo”.

Sobre la movilización en la región dijo que esos mecanismos activan a una sociedad, aunque dijo que en el caso de Perú las marchas son contra el gobierno y no convocadas por el ejecutivo, “acá no se ve un gobierno convocando marchas para activar sus bases porque la popularidad de la presidenta es baja y no tiene cómo hacerlo”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, explicó que el tema de la movilización en Colombia es diferente porque tradicionalmente ha sido convocado por sindicatos, organizaciones sociales, indígenas, “los resultados en otros países son muy exitosos en objetivos que se proponen, acá no. Acá se sale a marchar, apoyan al gobierno, aprovechan el espacio para visibilizarse políticamente como en Bogotá con el candidato que apoya el gobierno y seguramente le apostarán a eso, pero una vez pasa la movilización no hay grandes cambios en la matriz política”. En ese sentido, dice que esa movilización no implica que la popularidad se dispare o haya un quiebre institucional en el legislativo ante una amenaza de las condiciones democráticas.