Procuraduría investiga contratación en la Gobernación de Norte de Santander

Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para examinar la forma como rige la empresa Faro del Catatumbo, una entidad creada en la pandemia y que en su momento bajo ordenanza fue avalada por la Asamblea del Departamento de Norte de Santander, para la Gobernación.

El ministerio público empezó a examinar el sistema de contratación que aplica para la realización especialmente de obras de infraestructura en la región y que bajo este mecanismo se habrían entregado millonarias contrataciones.

Los cuestionamientos surgen por la adjudicación que a través de convenios interadministrativos la administración departamental ha trazado la ejecución de proyectos contemplados en el plan de desarrollo bajo esa figura, como también los beneficiarios de los procesos licitatorios.

El ministerio público indaga si hay responsabilidad o no en la asignación, ejecución e inversión de obras a través del Sistema General de Regalías. También se investiga la constitución de la empresa, y los mecanismos de contratación habilitados en la misma.

Esta semana en diálogo con la W Radio quien puso la lupa en esta millonaria contratación, el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano dijo que la empresa se creó “como soporte a una entidad gestora de proyectos, y que se encargue de obras estratégicas para la región”.

Así mismo indicó en ese medio radial que “ley 996 que rige el control de garantías en época electoral no prohíbe el ejercicio de estas actividades, que no esta enmarcado dentro de las prohibiciones u otros”.

Finalmente el funcionario señala que las ofertas para los procesos de contratación pública han estado publicados en el Secop II. Sin embargo las advertencias a los procesos ejecutados surgen por la baja participación de oferentes y el presunto beneficio para algunas personas participantes en los procesos contractuales.

En la acción preliminar iniciada por la procuraduría se solicita además el acompañamiento de los organismos de control y las autoridades judiciales.