Los puntos claves de la Reforma a la Ley 30 de educación
La Reforma busca estar más a la vanguardia con temas que se discuten actualmente en la sociedad, como la importancia de incorporar los saberes ancestrales en las IES y de reconocer las identidades de género en los títulos universitarios. La financiación y la educación como derecho fundamental también son dos ejes centrales del borrador y sus debates.
Reformar la Ley 30 ha sido una de las discusiones más largas que ha tenido el país. La reforma presentada por el gobierno actual plantea un aumento de la financiación a las IES públicas y un mayor apoyo económico para las instituciones técnicas y tecnológicas. | Foto: shutterstock
A mediados de este año, el Gobierno nacional presentó una de las reformas principales en su plan de gobierno: la Reforma a la Ley 30 de 1992, la ley que establece todo el marco de la educación en Colombia. La idea es poder dar respuesta a los reclamos que el movimiento estudiantil ha abanderado en esta materia durante décadas, entre ellos que la educación superior pase a ser entendida como un derecho fundamental y que se aumenten los recursos económicos para las IES públicas.
Una de las estrategias utilizada por el Ministerio de Educación, en alianza con la Consejería Presidencial para la Juventud, para consolidar dichos reclamos fue la instalación de mesas de diálogos a nivel departamental.
Allí, durante los meses de junio y julio, los jóvenes participaron en asambleas estudiantiles en las que se discutieron temas como gobierno universitario, dignificación docente, fortalecimiento de la investigación, gratuidad, entre otros.
Esta Reforma, en su intención de ir a la vanguardia con los temas que están ocurriendo en la sociedad, incluye varios puntos a resaltar. De ser aprobada, las IES deberán empezar a reconocer la identidad de género de los estudiantes en los títulos universitarios. Además, pasará a ser prioridad que se armonicen los saberes ancestrales con la educación superior. Esto con el fin de lograr una educación más democrática y pluralista.
Todas las IES públicas deberán destinar un 2% de su presupuesto al bienestar universitario, es decir, actividades culturales que contribuyan a la formación integral de la comunidad estudiantil.
La Reforma también plantea la derogación del artículo 27 de la Ley 30, que habla sobre los exámenes de estado (pruebas Icfes), las cuales ya no serán necesarias para homologar títulos de educación superior en el exterior.
Para regular estos cambios, se plantea la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), un organismo que se encargará de definir nuevos programas y recomendar políticas educativas al Gobierno nacional.
La Reforma fue presentada ante el Congreso el pasado 20 de julio. Aunque los rectores de las IES públicas e instituciones técnicas y tecnológicas no estaban de acuerdo con la fecha, pues consideraban que no se le había dado el tiempo de discusión suficiente, terminaron aceptando y respaldando ambos documentos: la Reforma de la Ley 30 y el correspondiente a una ley estatutaria para que la educación pase a ser un derecho fundamental en todos sus niveles, ya que actualmente sólo abarca desde los 5 hasta los 15 años.
La financiación de las IES públicas es el eje principal de la discusión de la Reforma
Hasta el momento, ningún gobierno ha logrado cambiar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que son los que estipulan el dinero que destina anualmente el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior Públicas. Según la Ministra de Educación Aurora Vergara, la reforma supondría recursos adicionales por más de $33 billones.
Lo que se plantea para el artículo 86 es que los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales sean calculados basándose en el presupuesto asignado a cada universidad el año anterior, ajustándolo cada año con base en el Índice de Costos de la Educación Superior que publica el Dane. A eso se le suman los recursos adicionales que se dispondrán desde el Presupuesto General de la Nación.
Por otro lado, también se incorporarían recursos del Presupuesto General de la Nación equivalentes a 0.02% del PIB para crear la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Ittu), con el fin de fortalecer las mismas.