Salud y seguridad, ¿el gobierno está escuchando las advertencias?

En Hora20 el análisis a las advertencias que recibe el gobierno por parte de EPS y la Defensoría, se analizó si el gobierno hace caso a los llamados, si atiende a las advertencia y daremos una mirada al efecto institucional que tiene este panorama para el país. Después el debate sobre una nueva propuesta: la de una ley de reconciliación nacional que cobijaría hasta a narcotraficantes, hablaremos de cómo sería esta ley, qué impacto tendría y en qué plano quedaría la justicia.

Una serie de anuncios, advertencias y recomendaciones han generado diferencias entre el gobierno nacional e instituciones del Estado, gremios y el sector de la salud. La reciente alarma encendida por tres importantes EPS del país advirtiendo de su compleja situación financiera ante las deudas y giros insuficientes, llevarían a que los servicios básicos se prestaran solamente hasta septiembre. La respuesta del gobierno ha sido la instalación de mesas técnicas para revisar las cuentas, pero también han dicho que no fue posible identificar las presuntas deudas señaladas, dicen que no es posible que las EPS dejen de operar en septiembre y el ministro Jaramillo insiste en que no se debe hablar de crisis cuando no la hay.

Por otro lado, se dio otro choque entre el gobierno y la Defensoría del Pueblo por cuenta de las cifras que se publicaron sobre el riesgo de violencia en el 61 % de los municipios del país, en 113 el riesgo es extremo, 286 con riesgo algo, 184 medio y 93 bajo. Según la Defensoría son nueve las zonas con un riesgo muy alto de que se presenten hechos de violencia por cuenta de la presencia de actores armados como las AGC, Eln y disidencias. Sin embargo, el presidente publicó un trino diciendo que no es verdad que sean 300 municipios, sino 17. Aseguró que habrá elecciones en todo el territorio y recuerda que el gobierno heredó una violencia innecesaria por hacer trizas la paz, a lo que el defensor Camargo respondió que será el presidente quien defina si se suspenden las elecciones, pero que es necesario que se tomen decisiones eficaces.

Estos dos hechos son antecedidos por los choques que el gobierno ha tenido con la Fiscalía en el reciente caso de un posible atentado al fiscal Barbosa; las alarmas que han encendido gremios por el panorama económico del país; las diferencias que afloraron la semana pasada con la Federación Nacional de Cafeteros o los choques con la Procuraduría ante la suspensión de funcionarios públicos o la ya recurrente discusión entre gobernadores que le piden atención al gobierno nacional por la seguridad, mientras que desde Presidencia no hay respuesta.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exsecretario de transparencia de la presidencia, el gobierno ha enfrentado enorme resistencia, lo cual considera, no es un misterio, “una resistencia porque es el primer gobierno de izquierda que se sale de la idea y modelo del establecimiento y mucha de esta resistencia es legítima, válida y hace parte del negocio de democracia”, aunque afirma que hay otra resistencia descarada que busca hacer daño, “estos dos factores de resistencia demuestran que gobierno no sabe tramitar vía diálogo, hay delirio de persecución, el que no está de acuerdo tiene intereses y como se ha escalado la narrativa del gobierno de estigmatizar a quien no está de acuerdo con la reform, la resistencia grande”.

Resaltó que el presidente considera que hay entidades politizadas que quieren generar ruido, “pero en el 2023 la MOE tiene 544 reportes de riesgo electoral y no son precisamente la Fiscalía de Barbosa o la Procuraduría de Cabello; hay peligros por aumento de la crisis del orden público y la expansión de grupos armados en regiones”.

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista y directora del podcast Buceando en el Naufragio, resaltó que el Fiscal General tiene una agenda más política en la que juega a ser oposición, pero advierte que ese escenario no es claro en el tema de las EPS o de la Defensoría, “a pesar de que estas interacciones tienen diferencias, pero el gobierno lo trata de igual manera”, pues asegura que lo hace tanto con el tema de elecciones que está también representado por la MOE y otros organismos no gubernamentales como con las EPS, “lo interpreta desde lo político y como oposición y eso tiene efecto negativo para el gobierno, hay una agenda que se hizo explícita con Corcho, una animadversión clara hacia las EPS y esa aproximación afecta la capacidad del gobierno de construir política pública sobre la base de consensos”.

En cuanto a la ley de reconciliación, señaló que las leyes de perdón y olvido no son posibles para Colombia por cuenta de los compromisos internacionales, con lo cual, afirma que esta discusión va en la dirección a iniciar un diálogo sobre cómo reinsertar a los que pagaron en justicia por los crímenes que cometieron.

Para David Luna, senador de la república por Cambio Radical, si hay dos temas que deben ser objeto de un acuerdo nacional, son la salud y la democracia, “sería interesante y oportuno que el Presidente y los actores en vez de confrontar, se sentaran a la mesa parta construir un balance de lo que está pasando”. En el frente de orden público, comentó que es grave lo que pasa con el defensor y el registrador y lo que dicen en las regiones, “más allá de cuántos son los municipios, está el debate electoral de octubre donde los perjudicados son los ciudadanos; importante que el acuerdo nacional sea blindar democracia y elecciones y evitar que se suspenda el debate electoral”. Sobre las EPS, dijo que genera incertidumbre y preocupación que la ciudadanía se vea en riesgo independiente de quien los atienda, “temas son graves y se merecen tener prioridad en agenda pública y política”.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo, señaló que es sorprende cómo se rechaza la confrontación política, “la política es una confrontación por definición, existe porque hay formas distintas de abordar la política misma, ahora se dice que esto no es constructivo, que el gobierno no escucha, y ¿es que el gobierno Gaviria escuchó cuando echó a andar privatizaciones del poco bienestar de este país? tras constitución del 91 los gobiernos no escucharon a nadie, “antes se le ha exterminado al otro lado y no desde lo político, sino en lo físico”.