En un mes Colombia tendrá pruebas de EEUU contra Grupo Aval y Corficolombiana, según ANDJE
Según Martha Lucia Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), este material podrá dar trámite a un proceso sancionatorio en el país contra dichas empresas.
Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Suministrada.
Bogota
La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Marta Lucía Zamora, confirmó que ofició a la cancillería para que, a través de los canales diplomáticos, requiera a la Justicia de Estados Unidos las sanciones y sentencias penales contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país.
“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria que recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.
La funcionaria estimó que en un mes Colombia ya podría contar con dichas pruebas, y que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades considerar si aplica un procedimiento sancionatorio contra el Grupo Aval y Corficolombiana, lo cual, “llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”.
“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades (...) Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”, aseguró.
Finalmente, Zamora explicó que la legislación colombiana permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.
“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.