Disidencias Farc estuvieron detrás de los desórdenes del 21 N de 2019

Un juez de la República emitió un fallo determinando que las disidencias de las Farc estuvieron detrás de los desórdenes y actos vandálicos que tuvieron lugar durante el estallido social en noviembre de 2019 en Bogotá.

El fallo, obtenido en primicia por Caracol Radio, revela detalles de la participación de estas disidencias, conocidas como el Estado Mayor Central y lideradas por ‘Iván Mordisco’.

El fallo de 85 páginas condena a cuatro jóvenes por su participación en los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2019, conocidos como el Estallido Social.

Los condenados son: Erika Lorena Flórez Duran, alias ‘Katara’; Wilson Reinel Moreno, alias ‘Negro’ o ‘Martín’, quien tiene un vínculo directo con las Farc; Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias ‘Justo’; y Greycy Lorena Perilla, alias ‘Pola’. Todos ellos fueron sentenciados a penas entre 18 y 20 años de prisión por delitos que incluyen terrorismo, concierto para delinquir agravado, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación de vía pública.

Durante el juicio se demostró que los acusados eran miembros de la organización delictiva bloque segundo Manuel Marulanda Vélez de las Farc. A través de grupos de WhatsApp y redes sociales como Facebook, reclutaron a personas para llevar a cabo actos vandálicos y atacar el sistema de transporte masivo TransMilenio, así como a los miembros del Esmad de la Policía Nacional. Imágenes y videos fueron difundidos entre los reclutas, incitándolos a la violencia y mostrando consignas sobre cómo “a estas personas debemos asesinar”.

El documento también revela que uno de los condenados tenía vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y expresó su disposición a contactar a sus amigos del ELN para intensificar las protestas. Además, se evidencia que el grupo de personas liderado por Erika Lorena Flórez Duran, alias ‘Erika’, participó en bloqueos de vías, quema de autobuses y organización de “cacerolazos” en la localidad de Suba durante las protestas sociales del 21 de noviembre de 2019.

El fallo destaca la manera en que se difundieron las directrices para realizar los ataques a través de medios de comunicación como WhatsApp, videos y fotografías con logos de las FARC. Estas acciones pusieron en peligro la vida e integridad personal de los bogotanos y generaron un ambiente de pavor y angustia en la ciudad.

Asimismo, se menciona la intención de prolongar las marchas y los actos de violencia de manera indefinida, reclutando jóvenes en universidades y creando un colectivo jurídico con el objetivo de desacreditar a la fuerza pública, especialmente, al Ejército de Colombia que operaba en las zonas veredales.