Washington DC

Culminó la Asamblea General número 53 de la Organización de Estados Americanos y durante la sesión de clausura, los 35 estados miembros de la organización aprobaron la resolución propuesta por Colombia y Chile para la protección e integración de la niñez y adolescencia migrante y refugiada en las Américas, que busca fortalecer las medidas de cooperación regional para la migración segura, ordenada y regular de menores.

Esta propuesta exige el avance en la implementación de mecanismos para la recopilación de información por edad y sexo de los niños migrantes, asi como facilitar la reunificación de niños migrantes no acompañados con sus familiares, y prevenir el trafico y trata de personas.

La vicecanciller de Colombia Elizabeth Taylor Jay agradeció al organismo, “para el gobierno del presidente Gustavo Petro, la protección de la vida es una prioridad, por tanto los riesgos a los que se debe afrontar la población migrante, en especial las niñas, niños y adolescentes donde se pone en peligro su vida, sufre la separación de sus familias, y se expone a. la violencia, y la falta de servicios básicos, es un asunto prioritario y de la mayor urgencia”, dijo en su discurso.

Agregó que “como región estamos en deuda de encontrar soluciones estructurales que podamos implementar a través de la OEA bajo el reconocimiento del principio de la responsabilidad compartida”, dijo la vicecanciller.

Resolución condenatoria a Nicaragua

Asi mismo, una resolución condenatoria sobre “la crisis de derechos humanos en Nicaragua” se aprobo por aclamación, en el que insta al gobierno de Daniel Ortega “a que cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas, y el Estado de derecho”.

Además, el documento llama al gobierno de Nicaragua a liberar “de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos” y a abstenerse de “reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la iglesia Católica”.

La OEA, que ya ha adoptado resoluciones parecidas en el pasado contra Ortega, se declaró “profundamente preocupada por las denuncias de persecución” de comunidades religiosas que “sufren detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada”.