Política

Denuncian que más de 200 familias fueron desplazadas del ETCR Mariana Páez

Tras seis años de la firma del Acuerdo de Paz de la Habana, estas familias firmantes de paz se vieron obligadas a abandonar el territorio.

Desplazamiento Forzado

Desplazamiento Forzado / Cortesía Noticias Cauca

Colombia

El partido Comunes denunció que más de 200 familias, entre ellas 86 mujeres cabezas de hogar, cerca de 80 niños y niñas, adultos de la tercera edad y población con discapacidad, fueron desplazadas del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez en Mesetas, Meta.

De acuerdo con el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación, estas personas no solo se ven obligadas a abandonar el territorio, sino que deberán enfrentar la pérdida total de sus proyectos productivos, y de la infraestructura desarrollada durante los seis años de implementación del Acuerdo Final de Paz.

“Además, nuestra salida también implica daños comunitarios, como lo son, la afectación en la atención a educación de primera infancia, que se presta en el centro de cuidado “Marianitos”, y la educación primaria de la escuela Buena Vista, que atiende a la población aledaña e hijos de la paz. Enorme daño hacen quienes creen que afectando a los y las firmantes de paz no se afectará a la comunidad”, aseguran.

Desde el partido hacen un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la Directoria de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la Directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas; para que se garantice el derecho a la vida de los y las firmantes del acuerdo, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios.

Así mismo, convocan tanto a actores institucionales del nivel local, departamental y nacional como a la sociedad civil a cerrar filas para que no se permita que en el departamento del Meta y en el país se sigan llevando a cabo este tipo de acciones. “Son hechos que ofenden la confianza del pueblo colombiano que deja un sinsabor en el imaginario colectivo, sobre todo en el momento histórico en el que todos y todas debemos jugárnosla por la búsqueda de la paz con justicia social”.

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