Reforma a la salud, ¿cómo entenderla a la luz del sistema actual?

En Hora20 el análisis al sistema de salud actual y cómo se entiende la reforma a la salud a la luz de los cambios que hoy propone el gobierno nacional.

Cerca de 30 años han pasado desde que el país a través de la ley 100 de 1993 estableció un nuevo sistema de salud basado en la solidaridad. Con un régimen subsidiado que hoy tiene 25,6 millones de usuarios y un régimen contributivo que cuenta con 23,5 millones de colombianos, es decir, el sistema hoy tiene cerca de 51,4 millones de usuarios, casi la totalidad de la población. La estructura comprende las EPS encargadas del aseguramiento, del recaudo y de ser un intermediador entre la bolsa de recursos que es la Adres y las IPS, otro de los actores claves, pues allí se concentran las clínicas, hospitales y el personal de salud. Estas EPS podrían establecer lo que es la “integración vertical”, lo cual implicaba que también tuvieran sus propias IPS.

Hoy el país conoció una nueva reforma que busca generar un cambio de fondo en el modelo de prestación del servicio en salud. La ministra Corcho habló de cinco pilares: administración pública de los recursos públicos en salud; segundo, atención primaria en salud volcándose a los más vulnerables; tercero, la creación de un régimen laboral especial para dignificar la labor de los trabajadores de la salud. Cuarto, el diseño de políticas desde lo local, departamental y nacional en temas como agua potable y seguridad alimentaria. Por último, la ministra habló de un sistema público de información en línea donde se conocerá el uso de los recursos.

Por otro lado, el articulado de la reforma trae varios puntos: establece una política farmacéutica nacional, política en formación y educación superior y un régimen laboral para los trabajadores del sector el cual incluye incentivos para quienes trabajen en regiones apartadas del país. La Superintendencia de Salud tendría una función central de inspección, vigilancia y control de toda la red de servicio en salud. Ahora la parte central: sobre las EPS el articulado dice que no se podrán crear nuevas empresas de este tipo y su enfoque será la territorialización. También podrán crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud; administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas y eventualmente realizar o ejecutar auditorias. Por otro lado, está el rol de las Adres, donde se crea un Fondo Único Público en Salud y se busca garantizar un adecuado flujo de los recursos; realizará pagos, adelantará transferencias, efectuará giros a los prestadores; administrará recursos parafiscales y creará otras instancias como: Cuenta Única de Recaudo, Cuenta de Atención Primaria, Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública para la Equidad, y el Fondo Territorial para la Salud. El sistema en adelante no incluirá copagos o cuotas moderadoras como ocurre actualmente.

Lo que dicen los panelistas

Diana Cárdenas, exdirectora general de la Adres y exviceministra de Protección Social, planteó que hoy el aseguramiento y esfuerzo en solidaridad evidencia que lo que se ha hecho en términos de financiamiento no es menor. Sobre la Adres y los cambios que se plantean, señaló que actualmente esta entidad recibe las cuentas de las EPS y transfiere los recursos, pero advierte que el equipo de la Adres hoy no puede hacer auditoria concurrente ni médica, ni hacer auditoria administrativa post prestación de servicios, “se necesita una maduración y recursos para cambiar talento humano, ampliar sistemas de información, capacidad de auditar cuentas y finalmente fortalecer gobierno institucional”, pues resalta que es una entidad que maneja $70 billones.

También manifestó que hoy la Adres hace entrega de dinero a 20 EPS, pero que ante un nuevo panorama se debe atender entidades territoriales que podría llegar a ser 380, con lo cual, cree que esto podría generar menos transparencia, hace difícil la rendición de cuentas y, “en realidad no estamos progresando en corrupción porque estamos partiendo en muchas partes los recursos”.

Para Aquiles Arrieta, abogado, profesor universitario y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, el sistema de salud actual se da tras un desarrollo orgánico entre actores públicos, privados y por el papel de la ciudadanía de convertir el derecho a la salud en un derecho fundamental. Sobre la reforma, destacó que la apuesta por reforzar la Superintendencia de Salud puede ser positiva al reemplazar los problemas generados por la tutela, “si se refuerza la Supersalud, sería una utilidad grande y en eso ya se ha avanzado; muchos no tienen que recurrir a acción de tutela sino a la Superintendencia”.

Por otro lado, señaló que, dentro de los cambios en las EPS, es necesario que el ciudadano sepa a quién le debe reclamar cuando un servicio falla, “ellos son quienes ponen la cara por el servicio y ese punto desde el ciudadano es importante”.

Fernando Ruiz, exministro de Salud, doctor en Salud Pública, exviceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, resaló que el sistema tiene cobertura universal, todos tienen forma de afiliación y cubre poblaciones de migrantes, “es un sistema con garantía explícita de servicio, garantía expresa en el tratamiento; es un sistema que hoy tiene integralidad y cobertura completa en servicio”. Frente a la reforma, manifestó que significaría que los regímenes de aseguramiento se acaban y toda la población queda integrada en un único grupo social, poblacional y bajo las mismas condiciones, “todos entran con organización territorial, cambiamos de afiliación a adscripción y no tendría libertad de asegurador si no me funciona”. Además, recalcó que el centro atención será atendido desde lo primario y hacia arriba. Señaló que transitaríamos hacia un modelo muy “prestacionalista” de dar servicios, pero que los agregados a la gestión del riesgo e integración no se ven claramente.

Por otro lado, dijo que le preocupa el penúltimo artículo de la reforma, la cual considera que actúa como cláusula definitoria “donde todo está perfecto, pero está sujeto a que haya plata”. Frente a la atención primaria, dijo que es adecuado, pero cree que no se debería aplicar de igual manera para todas las territorialidades.

Para Ramón Abel Castaño, médico, máster en Gestión y Política en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard; PhD en Política y Salud Pública, la reforma tiende a ser radical porque en vez se asegurar por aseguradores, lo separa por territorio, “donde vivo tengo un CAPS, me inscribo al que me queda cerca, ahí recibo atención y ese CAPS coordina con mediana y alta complejidad”. Resaltó que hay experiencias en las que el modelo actual funciona muy bien con el preventivo, es decir, cree que los dos modelos pueden coexistir como ha ocurrido en Barranquilla y Medellín.

También se refirió al enfoque en atención primaria, del cual dijo, tiene un riesgo cuando se elimina a los aseguradores, “cuando les dicen que se convierten en administradores de CAPS les reduce rol y quehacer, no tendrán rol sobre mediana y alta complejidad”.