Justicia

Investigan convenios que entes territoriales suscribieron sin hacer licitaciones

La Procuraduría General requirió a 19 entidades, que son conocidas popularmente como “contrataderos” para que informen sobre la ejecución de $ 3,3 billones provenientes de 918 convenios interadministrativos.

Procuraduría puso la lupa sobre los contratos irregulares en el Senado. Foto: Getty Images(Thot)

El ente de control esta investigando si estas organizaciones tenían la experiencia e idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos y si se adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas, excluyendo a posibles competidores o presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa.

Algunas de las entidades son:

Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín - EDU, con 67 contratos y por un valor de $1.050.063.356.643

Asociación De Municipios Del Urabá Antioqueño - ASOMURA, con 128 contratos y por un valor de $643.248.033.909

Empresa de Desarrollo Sostenible - EDESO, con 108 contratos y por un valor de $358.101.352.409

La información recaudada por el ente de control permitió establecer de las 19 entidades denominadas “contrataderos” 11 están ubicadas en Antioquia. Cuatro de esas empresas registran los valores más altos de este tipo de contrataciones con 331 contratos que superan en su conjunto los $2.3 billones. Advirtieron además que la mayoría de estos 918 convenios interadministrativos fueron suscritos con alcaldías municipales de diferentes regiones del país.

Así mismo, el Ministerio Público busca establecer si por medio de la celebración de estos convenios, las entidades, en especial las del orden territorial, obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente.

La Procuraduría encontró también que 95 convenios suscritos por cinco alcaldías de ciudades capitales por más de $ 595 mil millones, y 17 celebrados por cinco gobernaciones que superan los $ 54 mil millones.

La Procuraduría realizará mesas de seguimiento y de control de gestión con las entidades contratantes y contratadas con el fin de vigilar la ejecución del presupuesto público y realizar las advertencias a las que haya lugar con el fin de mitigar riesgos de gestión pública.

Cristina Martín

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