¿Son suficientes las sanciones que recibirán las Farc por secuestro?

En Hora20 una mirada a las posibles sanciones que recibirán los miembros del Secretariado de las Farc por cuenta en su participación en el delito de secuestro. Se habló del rol de las víctimas, de la participación política y de los resultados que empieza a demostrar la justicia transicional. Después el diálogo entre la oposición y el oficialismo venezolano que empieza a surtir efecto. Por último, las polémicas en el servicio consular y otra por el lado del mundial.

Justo seis años después de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de estudiar los crímenes e imponer sanciones a distintos actores del conflicto, entre estos a las Farc, publicó la resolución de conclusiones del caso 001, es decir, un documento de la Sala de Reconocimiento que irá al Tribunal de Paz, encargado de imponer las sanciones. En el documento se afirma que la verdad aportada por el Secretariado es suficiente y que hay un real reconocimiento de responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad como el secuestro, sobre el cual hay documentado hasta 21 mil casos. En ese sentido, la sala plantea una serie de sanciones que han sido construidas con las víctimas, sanciones como el desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, restauración ambiental y obras públicas. La duración de la sanción sería la máxima de 8 años para seis de los siete exintegrantes del Secretariado, pues solo uno, Rodrigo Granda recibiría una sanción de cinco años; penas que no serán privativas de la libertad y que dejan la duda sobre la participación en política de los miembros del Secretariado.

Por el lado de Comunes, el partido fruto del Acuerdo de paz, plantearon que reciben con respeto y disposición esta resolución, reafirmaron que el secuestro nunca debió ocurrir, pero, sobre todo, plantearon que esa resolución es un incentivo para contribuir a acciones restaurativas y que será un referente para futuros procesos de paz en Colombia. Sin embargo, algunas víctimas como los familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y después asesinados por las Farc decidieron salir de la JEP, mientras que otras víctimas plantean que están satisfechas con la verdad aportada por los miembros de la antigua guerrilla.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes y directora del podcast Buceando en el Naufragio, señaló que se debe respetar la diferencia en reacciones de víctimas a estas decisiones, en ese sentido, comentó que se entiendo por qué algunos ven estas decisiones como benevolentes, “el principio de ver la justicia no solo como castigo, sino como restauración, es una aproximación clásica de justicia transicional para poner punto final a conflictos armados”.

Sobre las polémicas en los nombramientos del servicio consular, comentó que este gobierno prometió que esta no sería la forma de manejar el servicio diplomático, “el cual ha sido utilizado como botín burocrático desde siempre”, además, destacó que tanto el presidente, como miembros de Cancillería se han referido al tema de manera crítica. “El manejo que se le da al servicio diplomático es tan preocupante que el presidente fue a Francia sin tener embajador y sin el beneplácito del embajador nombrado; un acto casi que humillante”, también puso de ejemplo la última visita del presidente Petro a México, “no hay acto administrativo de quienes han sido nombrados embajador y cónsul y, sin embargo, fueron a la visita que realizó el presidente Petro a México. Hay un acto deportivo”.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y cofundador de Colombia Visión 2020, este es un llamado legítimo a decir que medidas restaurativas que sabíamos que era solo eso y que no era castigo tradicional, quizás se están quedando cortas, “el sistema tal cual fue planeado no da mucho más margen de maniobra, la resolución en términos generales plantea que pena máxima es de 8 años que se pide para casi todos, menos para Granda”.

Agregó que se asegura hay suficiente información para alcanzar unas verdades de búsqueda de personas, desminado, recomposición ambiental; es un paso, pero es insuficiente.

Juan Diego Restrepo, periodista y director de Verdad Abierta, advirtió que esta decisión de la JEP es importante, “víctimas esperaban este pronunciamiento, esta es apenas una resolución de conclusiones y toca esperar decisiones pertinentes del Tribunal de Paz”, aunque aseguró que queda la sensación de que se mantiene estructura de mando y en ese sentido, manifestó que por la edad de quienes tenían ese mando, la pregunta es si ellos tienen capacidad de cumplir en persona con esas medidas restaurativas.

Por otro lado, comentó que no se entiende por qué los antiguos miembros de las Farc solo realizarían acciones restaurativas en Sumapaz y no en otras regiones donde también operaron. “Las víctimas están esperando más, sobre todo, sectores que todavía se sienten incapaces de perdonar a las Farc y no ven en JEP un escenario judicial acorde con sus pretensiones”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor en la Universidad Externado y columnista en El Espectador, resaltó que el tribunal puede considerar que penas que se apliquen no son incompatibles con ejercicio de actividad política, eso lo definen ellos en su momento, pues recuerda que así lo establece ley estatutaria de JEP. Explicó que hay tres tipos de sanciones: propias, alternativas y ordinarias, “la sala de Reconocimiento reconoce que reconocimiento de responsabilidad es suficiente, ellos presentan proyecto y esta Sala lo envía al Tribunal y puede corregir ofertas que hacen comparecientes”, incluso destaca que el Tribunal sí puede mejorar muchas cosas de resolución que ya es aprobada por Sala, pero sanción es del Tribunal, “toca mejorar cubrimiento regional, presencia debe equipararse geográficamente con lo que fue presencia de Farc”.