Escándalo de exjuez militar salpica a poderoso general (r) de la Policía

Bogotá D.C.

La exjuez Francy Castaño salió de la Justicia Penal Militar y Policial en octubre pasado con unas 16 compulsas de copia a la Fiscalía y Procuraduría para que se investigue una presunta corrupción en el despacho 186.

En una primera entrega, Caracol Radio reveló la posible pérdida de expedientes sobre homicidios que habrían cometido integrantes de la Fuerza Pública e investigaciones contra oficiales de alto rango de la Policía, así como presuntas mañas en el reparto de procesos.

Resulta que la exfuncionaria realizaba las diligencias en la estación de Policía de Teusaquillo, argumentando que allí “tenía facilidad para sus cuidados indispensables para su recuperación pronta” tras presentar problemas de salud.

Sin embargo, para la Procuraduría era ilegal porque todas las funciones del despacho se debían realizar en el Palacio de Justicia “TF Laura Rocío Prieto Forero”, ubicado en la localidad de Puente Aranda.

Ahora, Caracol Radio pudo determinar que el general de la Policía Nacional, Óscar Gómez Heredia, quien sonó fuerte para ser el próximo director de la institución en el Gobierno de Gustavo Petro, pero fue retirado del servicio, habría prestado su apoyo a la exjuez Castaño en el despacho.

Las alertas comenzaron cuando la Secretaría y el abogado William Lancheros, una de las víctimas, advirtieron que uniformados activos notificaban decisiones, recibían derechos de petición y, al parecer, tenían acceso a expedientes delicados que, por ahora, siguen perdidos.

Se trata de la patrullera Johana Alexandra Criollo y el subintendente Ricardo López Ramírez, que figuraban como “secretarios ad-hoc”. En un documento que conoció en exclusiva Caracol Radio, la exjuez Castaño reconoció que tenía el aval de la Policía Nacional para tenerlos en su despacho.

Castaño indicó que antes de ser juez, fue docente y asesora de la Policía Metropolitana de Bogotá, y que dialogó con el Mayor General Óscar Gómez Heredia, hoy retirado, para que él le ayudara en las labores del despacho. Por ejemplo, le prestó un vehículo, al parecer oficial, y a su conductor, el subintendente López.

“Él me colabora con los traslados necesarios míos y para llevar el trabajo que debe realizar la secretaria y traer lo que debo contestar. De este hecho, tenía conocimiento el señor Director de la Policía, quien estuvo de acuerdo; de igual forma todos los miembros de la JUPEM en Bogotá lo conocen, no es un hecho contrario a la ley, y es un hecho humanitario (SIC)”, reconoció Castaño en ese documento firmado el 11 de septiembre del 2022.

Caracol Radio consultó a la Justicia Penal Militar y Policial que confirmó que ese apoyo no estaba permitido ni autorizado por la Unidad Administrativa. De hecho, enfatizó que no ha solicitado ningún vehículo a la Policía Nacional.

Explicó que los jueces que requieran apoyo de recurso humano o logístico por parte de la Policía Nacional o las Fuerzas Militares debe ser tramitado únicamente por la Secretaría General, ya que el personal de la Fuerza Pública asignado a los despachos “solo ejerce funciones de tipo administrativo y de ninguna manera oficial”.

Por último, confirmó a Caracol Radio que actualmente, tras este escándalo, la patrullera Criollo, quien apoyó al despacho de la exjuez Castaño desde el 2019, y el subintendente López, quien llegó en abril de 2021, no se encuentran en ningún despacho de la Justicia Penal Militar y Policial.

Además, se compulsaron copias a la Procuraduría General por estos presuntos hechos irregulares. “Razones por las cuales, le corresponde al ente de control determinar la ‘legalidad’ y relevancia disciplinaria”, indicó la Justicia Penal Militar.