Municipio del Tolima no pagará un peso a Cemex por suspender actividades mineras

En el año 2012 el municipio de San Luis, Tolima, interrumpió un contrato minero con la empresa cementera y de concreto Cemex, pues, según ellos, estaba afectando el medio ambiente y las viviendas aledañas a la región. Fue por esto que Cemex los demandó por el dinero que dejó de recibir en ese tiempo que adelantaba la empresa específicamente en el corregimiento Payandé, perteneciente a este ente territorial.

Sin embargo, gracias a las imágenes presentadas por los habitantes del municipio se evidenció como las casas se rompían por dentro y el caudal de la quebrada Chicala disminuía en niveles preocupantes. Pero sobre esto, Cemex argumentó que el impacto ambiental sobre las aguas era producto de actividades adelantadas antes del inicio de las operaciones a su cargo y que las grietas en las casas de los personas que vivían cerca no eran de su responsabilidad.

El pleito se alargo hasta el año 2014 cuando el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor del municipio, Cemex presentó un recurso de apelación, pero en última instancia, el Consejo de Estado falló nuevamente a favor de San Luis.

“Al advertir que las actividades extractivas en esa zona estaban generando disminuciones en el caudal de las aguas de la quebrada Chicalá y daños en las viviendas de las personas que habitaban en las zonas circunvecinas... Ante la constatación de los hechos, sostuvo, era viable que el municipio aplicara el principio de precaución, que se explicaba por las razones científicas que demostraban la existencia de un riesgo que debía ser mitigado, aunque no existiera certeza absoluta sobre su causa y materialización”.