Ricardo Roa, presidente de la empresa petrolera, aseguró que se apartó del proyecto por conflicto de interés y afirmó que la millonaria transferencia evitó un posible apagón en el país.
Este proyecto beneficiará a más de 4.700 personas de los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto.
El alcalde de esa localidad del Magdalena, al parecer, no ha acatado la orden y ahora compulsan copia a la Fiscalía para que se inicie una investigue por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, abuso de poder y falsedad.
Wilson Ruiz señaló que existía un plan para atentar contra la integridad del implicado en la muerte de seis personas en Santa Marta.
Por decisión unánime, los ocho miembros asistentes a la sesión virtual del Consejo Superior designaron al rector.
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