El mito de la democracia digital

Se aproximan procesos electorales en Colombia, las campañas ya comenzaron y - como era de esperarse - el matoneo y la desinformación en redes sociales ya mostró claramente cuál será el tono del debate.

No es mucho lo que el país puede esperar de la "democracia digital" en esta temporada. En noviembre del año pasado y solo en Estados Unidos, Facebook, Twitter y Youtube apagaron casi literalmente los chorros de desinformación que amenazaban con desatar una peligrosa ola de violencia en vísperas de la elección presidencial; y eso contribuyó a que el día de la votación, el 4 de noviembre, y los días posteriores, el clima político norteamericano se mantuviera en relativa calma. Pero eso sucedió en virtud de la fuerte presión que la sociedad civil y los medios de comunicación ejercieron sobre las empresas de tecnología, para que aceptaran moderar contenidos y hacer efectivas las reglas de uso de las redes sociales. Se trataba de un tema de interés nacional en uno de las naciones más poderosas y decisivas del mundo, así que Marck Zuckerberg y demás altos ejecutivos se vieron forzados a escuchar el reclamo. Esta semana se supo, por revelaciones de la ex empleada de Facebook Frances Haugen, que tan pronto como pudo, Zuckerberg ordenó levantar los controles y dejó nuevamente en libertad a las bodegas para operar en Facebook y en las demás plataformas de la empresa.

No es factible esperar que una moderación estricta de contenidos nocivos como la que tuvo lugar en Estados Unidos, suceda en Colombia. Ni por la limitada relevancia política de nuestro país en el escenario global, ni por la modesta posición que ocupamos en la escala de mercados importantes de las grandes tecnológicas. Es poco probable que las plataformas tecnológicas quieran moderar los contenidos incendiarios que circulan en ellas cada día y que decidan censurar las cuentas de quienes digan mentiras, inventen calumnias y organicen la lapidación digital de sus rivales políticos.

El nocivo papel que juegan las redes sociales en las democracias actuales es tema de discusión. Todavía hay quienes defienden a Twitter como espacio de participación ciudadana y es común escuchar a personas jóvenes decir frases del tipo “qué sería de la protesta sin las redes sociales”. En realidad, esta errónea idea se originó hace varios años en una conferencia de Biz Stone, uno de los fundadores de Twitter. Stone fue invitado por la revista Time a un encuentro de los cien personajes más influyentes del mundo y debía intervenir justificando el porqué de su nominación. Cuenta el mismo Stone que no hallaba cosas interesantes para decir en favor de Twitter, hasta que una conferencista que le antecedió, una activista argelina, relató que un trino a tiempo permitió salvar la vida de una manifestante que había sido arrestada. Y desde allí se hizo popular la idea de que la llamada “primavera árabe” solo fue posible por la existencia de las redes sociales.

El mito de las redes sociales como saludables espacios de ciudadanía es fácil de desmoronar. Los interesados en historia pueden revisar cuántos hechos similares a la primavera árabe ocurrieron en el medio oriente a lo largo del siglo veinte, y si se quiere ir más lejos, de los siglos anteriores. La historia de la humanidad no precisa de Facebook ni Twitter para transcurrir. Está probado que no hay menos violaciones a los Derechos Humanos, ni los gobiernos han desistido de reprimir las protestas sociales por el hecho de que los ciudadanos filmen las movilizaciones con sus teléfonos y compartan los videos en las redes sociales.

¿Qué puede hacer el estado colombiano para intentar un uso decente de las redes sociales por parte de los candidatos y los votantes, durante los próximos seis meses?

El Consejo Nacional Electoral estableció el año pasado reglas más estrictas para el uso de los espacios digitales por parte de los candidatos. Durante las campañas que están por comenzar, la propaganda política que se difunda en las redes sociales será objeto de las mismas regulaciones que aplican para los medios de comunicación tradicionales. Así que, por ejemplo, ningún partido ni candidato podrá saltarse los plazos en los que está autorizada la propaganda, mismos que aplican para vallas y pasacalles, pauta en radio y televisión y anuncios en Facebook o Youtube.

La autoridad electoral hará recaer sobre los candidatos y los partidos la responsabilidad de cualquier caso de violación a las regulaciones; algo novedoso porque siempre se ha puesto la responsabilidad solamente sobre los canales de transmisión, es decir, sobre Facebook y demás plataformas tecnológicas. Es una política interesante por realista. No es creíble que las autoridades colombianas puedan aplicar sanciones sobre las grandes tecnológicas globales (ni siquiera Estados Unidos ha podido) pero sí es posible sancionar a las campañas políticas que mal utilicen las redes.

El gran problema con las regulaciones establecidas por el CNE es que no pueden diferenciar con la suficiente claridad cuando un candidato hace proselitismo (acción que estará regulada por las normas antes mencionadas) y cuando manifiesta una opinión personal, sobre la cual la justicia no puede y no debe intervenir. Desde luego, los asesores jurídicos de las campañas se basarán en esta difusa frontera para defender a sus clientes.

La polarización ideológica, las emociones enervadas y la polémica encendida alimentan el crecimiento de las redes sociales, las cuales utilizan los algoritmos para alimentar las pasiones, la contradicción y la ira de los usuarios. Y éstos se tornan más adictos al social media cuando encuentran allí la posibilidad de desfogar sus iras y sentimientos más airados.

Los estrategas digitales de las campañas lo saben y utilizan la llamada tecno política para sus fines electorales. No hay regulaciones suficientes - al menos no todavía - que lo impidan. De tal manera que tendremos una vez más, una temporada electoral con mucho matoneo, acusaciones, desinformación y poco contenidos programático y debate sano de ideas y de propuestas.