Las grandes compañías tecnológicas tendrán que pagar impuestos

La fiesta terminó para las empresas multinacionales que por décadas tributaron poco o nada en nuestro país, gracias a los vacíos normativos.

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Llegó a lucir como una aspiración casi imposible, pero finalmente las grandes multinacionales pagarán impuestos en cada país en donde operan, aun si se trata de aquellas que lo hacen "a distancia", como Netflix y las OTT, o Facebook y las redes sociales. El acuerdo entre el Grupo de los Siete (G7) y la OCDE, oficializado el 1 de julio pasado, estableció una tasa impositiva del 15 por ciento para las compañías globales, lo que significa ingresos adicionales de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares cada año para los países miembros de OCDE, según cálculos preliminares.

¿Qué tan sencillo es el camino que resta por recorrer para que la vieja inequidad entre las compañías nacionales (que pagan muchos impuestos) versus las extranjeras (que a veces no pagan, como veremos), quede definitivamente solucionada?

Operación transnacional no significa automáticamente evasión. Las compañías petroleras, las de telecomunicaciones o las industrias manufactureras, usualmente tienen sedes y tributan en cada país en donde operan. El problema se hizo grave con la llegada de la economía digital, cuyo modelo de negocio y sus operaciones son disruptivos y no existen marcos normativos que las regulen.

El problema

La manera más fácil de explicarlo es con el caso de las OTT, tipo Netflix: cada mensualidad que pagan los colombianos suscritos a este popular servicio de contenidos es recaudada por medios digitales. Netflix no tiene oficinas en Colombia y por tanto no tributa en nuestro país. Todo el recaudo de su negocio queda literalmente fuera del alcance de la DIAN.

Otro ejemplo oportuno es Facebook, que tiene oficinas en Colombia, declara impuestos por pequeñas actividades que realiza en territorio nacional, pero el grueso de su recaudo se efectúa mediante pagos digitales que se procesan en el exterior. El negocio de Facebook es la publicidad digital, y entre Facebook y Google poseen el 82 por ciento de ese mercado. En 2019 Facebook y Google obtuvieron en Colombia ingresos por 806.400 millones de pesos, gracias a su exitoso negocio de publicidad digital. Esta dupla concentra el 80 por ciento de la inversión publicitaria en el país, que fue de 1,08 billones de pesos en ese año, según cifras de IAB. Por tales ingresos - obtenidos de manera legítima, hay que decirlo - mediante negocios con anunciantes colombianos, Facebook y Google no pagaron impuestos en nuestro país. Habrían sido alrededor de 266.000 millones de pesos, considerando un impuesto de renta del 33 por ciento.

Y no cometieron ningún acto por fuera de la Ley. Simplemente, la inexistencia de marcos normativos para la nueva economía digital les permite tales ventajas. El caso es igual con Uber, con LinkedIn y muchas otras compañías globales. Y el problema es igual para Colombia, para Brasil y para Alemania. Europa padece el mismo efecto de la economía digital que Latinoamérica o cualquier otra región del mundo. Ni el propio Estados Unidos, en donde nacieron estas compañías, está a salvo, porque las llamadas "big tech" tienen una parte muy importante de su dinero en el exterior, en paraísos fiscales en donde aprovechan las ventajas tributarias que les ofrecen.

Para la mayoría de sus operaciones en Europa, las grandes tecnológicas norteamericanas fijan su residencia fiscal en Irlanda, en donde la tributación es del 12,5 por ciento, muy por debajo de la media de 25 por ciento. Las Bahamas y otros lugares del Caribe suelen ser también paraísos fiscales apetecidos. En Colombia, para citar un caso, el Sena compró a Microsoft 500.00 licencias de uso de la plataforma Linkedin para la formación profesional. El contrato y el pago no se hizo con Microsoft Colombia, sino con la filial de Linkedin en Irlanda, así que la DIAN no vio un peso de esa transacción.

Camino de espinas

Desde al menos el año 2014 se intentaron soluciones. Una muy conocida es el impuesto a los enlaces, que impone a las plataformas en línea tipo Google, la obligatoriedad de pedir permiso a los titulares de los derechos de autor para agregar sus URL en los buscadores. Esto conllevaría a que deban pagar por el uso de tales contenidos, incluso si son solo fragmentos y vistas previas, como en el caso de los buscadores de Internet.

España fue pionero con el llamado "canon AEDE" (Asociación de Editores de Diarios de España) que exigió una tasa por enlazar contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. En respuesta a este intento, Google cerró su servicio de Google News en ese país y la tasa quedó paralizada. En 2019 España adoptó un enfoque diferente: un impuesto del 3 por ciento a las tecnológicas más impuestos a la publicidad digital.

Francia siguió el ejemplo español y estableció la tasa del 3 por ciento para las tecnológicas cuyas ventas mundiales sean superiores a los 848 millones de dólares a nivel mundial y a los 28 millones de dólares en Francia. Y después Italia se sumó a la rebelión.

Australia adoptó un camino diferente. En 2018 la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, consciente del desequilibrio de poder entre las empresas de tecnología y los medios de comunicación tradicionales, promovió un proyecto de Ley que obliga el pago a los editores y medios por la información que las plataformas digitales utilicen. Esto generó una tensión grande del gobierno con Google y Facebook, especialmente cuando a comienzos del presente año el parlamento australiano aprobó dicha Ley. Google aceptó el nuevo marco normativo y negoció acuerdos con medios australianos, y Facebook se encuentra en negociaciones similares.

Pero casi todos los intentos de poner fin a este desequilibrio se estrellaron con una realidad: no había marcos legales que permitieran solucionar de raíz el problema. Hasta el pasado mes de julio, cuando se anunció el acuerdo global entre los países del G7 y la OCDE. Todavía hay que afinar los detalles de cómo se implementará, las excepciones y la integración con normativas locales, entre otros puntos, y no entrará en vigor antes de 2023. Pero es un hito histórico, sin duda. Se presume que la regla no aplicará igual en todos los casos. Las compañías mineras y petroleras, por ejemplo, suelen acordar directamente con los gobiernos nacionales los términos de las concesiones de explotación en cada país, y generalmente entregan anticipos tributarios antes de comenzar operaciones, o se comprometen con tasas a veces más altas que el 15 por ciento.

OCDE se echó al hombro la cruzada por la justicia tributaria, pero durante el mandato de Donald Trump fue imposible cocinar un acuerdo. El representante de la Casa Blanca llegó a levantarse varias veces de la mesa. Todavía la bancada republicana se opone, pero es innegable que el nuevo estilo de Biden contribuyó a facilitar la noticia.

Los paraísos fiscales no se acabarán, pero perderán algo de su atractivo. Irlanda anunció que mantendrá su tasa impositiva del 12,5 por ciento, sin importan lo que se acuerde a nivel internacional. Se espera la decisión de Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, que han mantenido por décadas beneficios tributarios para empresas extranjeras.

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