Protesta pacífica está garantizada, pero si hay vandalismo habrá capturas
Gobierno Nacional y alcaldía de Bogotá establecieron seis compromisos para garantizar las manifestaciones del 20 de julio
Consejo de Seguridad entre el Gobierno Nacional y la alcaldía de Bogotá para definir el plan de choque para las protestas del 20 de julio / Cortesía Ministerio de Defensa
Las protestas convocadas para el próximo martes 20 de julio en Bogotá estarán acompañadas por más de 6.000 hombres de la Policía Nacional y más de 2.000 miembros de Ejército. Al término de este de Consejo de Seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que las manifestaciones pacíficas serán garantizadas, pero advirtió que habrá judicialización en contra de aquellas personas que cometan actos vandálicos y que para ello hay una coordinación permanente con Policía y Fiscalía.
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“Más que refuerzos de policía o Esmad, tenemos un alto dispositivo para lograr la efectiva captura y judicialización de cualquiera que pretenda hacer un acto de violencia y vandalismo para manchar la manifestación pacífica”.
Por su parte el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que hay una coordinación con alcaldes y gobernadores para evitar complicaciones del orden público por cuenta de algunos grupos que buscan vandalizar la protesta pacífica en Colombia.
“Aquí la ley es para todos y quien cometa un delito será judicializado de manera rápida y efectiva”.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la celebración del 20 de julio se hará sin desfiles y sin aglomeraciones. Molano fue enfático en decir que no se permitirán caos en las vías del país como los que se vivieron en las manifestaciones recientes.
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“No permitiremos ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes, que afecten los derechos de los colombianos”
El Gobierno Nacional y la alcaldía de Bogotá reiteran a los ciudadanos que las protestas pacíficas tendrán las garantías, pero no serán admitidos los actos de vandalismo. En los últimos días se han realizado 588 capturas por hechos vandálicos como ataques a servidores públicos y daños a la infraestructura.
