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Independencia y desarrollar el fallo de la CIDH, retos de la procuradora

La abogada Margarita Leonor Cabello Blanco es la primera mujer al frente de la Procuraduría General de la Nación

La abogada Margarita Leonor Cabello Blanco es la primera mujer al frente de la Procuraduría General de la Nación, elegida para el cargo el 27 de agosto de 2020. Su periodo irá de enero de 2021 a enero de 2025.

Margarita Cabello pasó de ser ministra de Justicia, un cargo de Gobierno, a cabeza de un órgano de control. Además tiene el gran reto de comenzar en medio de las secuelas que ha venido dejando la pandemia.

En su discurso ante el Congreso, cuando fue elegida, se dijo agradecida por el voto de confianza para que siguiera siendo una de las cabezas encargadas de la justicia en el país: “Este apoyo que ustedes hoy me dan, lo entiendo como un reconocimiento a mi vida profesional, siempre al servicio de la justicia y de las decisiones con objetividad. Con eficiencia y transparencia se garantiza el respeto por los derechos humanos, sociales y económicos. Con eficiencia y transparencia se logra que los recursos públicos alcancen, que se inviertan adecuadamente y no se queden en manos de los corruptos. Con eficiencia y transparencia se genera desarrollo, progreso y bienestar social”.

Una dedicatoria que no podía pasar por alto fue a las mujeres del país: “Hemos logrado ascender peldaño a peldaño para conquistar espacios de la vida pública y privada. Hace algunos años era una aspiración muy lejana. Hoy son una conquista y una esperanza para millones de mujeres que luchan a diario para alcanzar posiciones, que quizás nuestras madres y abuelas, nunca imaginaron”.

Los retos de esta nueva Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, empiezan por la independencia para vigilar y sancionar, de ser necesario, a servidores públicos, luego de haber hecho parte integral del poder Ejecutivo. Luego la aplicación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este año notificó al Estado de una condena en su contra por haber violado los derechos políticos de Gustavo Petro, quien como alcalde de Bogotá fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría 15 años. A los efectos de ese fallo se acoge, por ejemplo, el senador Eduardo Pulgar, quien es investigado de manera disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, luego de que el Consejo de Estado decidiera dicha competencia; su abogado, Jaime Granados, indica que no puede ser así, teniendo en cuenta el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dijo que, autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de elegidos por voto.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que este es uno de los retos más importantes que enfrenta la nueva Procuraduría: “Ese fallo, para nosotros infortunado, pone en vilo y merma las importantes capacidades que tienen la entidad y la Contraloría en materia de la lucha contra la corrupción y debida sanción de los funcionarios públicos elegidos mediante voto popular. Por eso, se genera una obligación para no entrar en desmedro de esas importantes facultades que tiene la Procuraduría”.

Para Herrera, otros de los retos tendrían que ver con el avance en la digitalización de los expedientes y la profesionalización de la Procuraduría, y “ser garante frente a unas próximas elecciones que se avecinan y que se advierten completamente polarizadas, y el papel que juegue la entidad será fundamental”, refiriéndose a las especialmente a las elecciones de 2022, en las que Colombia cambiará de presidente de la República y de congresistas.

Otro tema en la agenda de la Procuraduría, que fue bastante polémico en el 2020, tiene que ver con la investigación que lleva la Procuraduría General por los motines en varias cárceles el 21 de marzo, en particular por la situación de la cárcel La Modelo, en Bogotá, en donde murieron 23 personas y 83 más resultaron heridas. Esto aconteció mientras Margarita Cabello estaba en el Ministerio de Justicia, entidad dirigente del sistema carcelario, y lo que la Procuraduría investiga es si hubo irregularidades en el operativo de retoma de la cárcel o exceso de fuerza por parte de guardianes del Inpec, que es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. En su momento, Cabello indicó que con su actuar los guardianes frustraron un intento masivo de fuga, pero en la retoma del penal en medio de las protestas fallecieron 23 presos.

La procuraduría de Fernando Carrillo, presentó un proyecto de ley de reforma a la justicia. Pese a que Margarita Cabello desde el Ministerio de Justicia estaba liderando la construcción de un proyecto de reforma concertada con las altas cortes y centrada en ajustes a la cúpula judicial, llegará a la cabeza del Ministerio Público a definir esta propuesta.

 

 

 

 

 

 

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