Ley estatutaria de Fuero Militar debilita la protección de los DD.HH.: Human Right Watch

La ONG considera que la ley genera el grave riesgo de que los casos de falsos positivos sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

Según la ONG Human Rights Watch, la ley estatutaria de Fuero Militar aprobada en Colombia debilita la protección de los derechos humanos, y esta ley podría dar lugar a impunidad en casos de ‘falsos positivos’. A pesar de las constantes explicaciones y promesas del Gobierno en torno a la reforma del Fuero Penal Militar, Human Rights Watch considera que la ley genera el grave riesgo de que los casos de “falsos positivos” sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, en donde no existen posibilidades de que los culpables rindan cuentas. Entra las principales críticas está la definición de “ejecución extrajudicial”, que en esta ley “está limitada a unas pocas hipótesis; y esto no garantiza que los cerca de 3000 casos que cursan hoy en la Fiscalía continúen a cargo de la justicia ordinaria”. Además, la ley define la “ejecución extrajudicial” como un nuevo delito en el Código Penal. Según la ONG, Esto permitirá a abogados defensores y a las autoridades colombianas sostener que, en virtud del derecho internacional y del derecho colombiano, el principio de irretroactividad de la ley penal prohíbe que se juzgue por este nuevo delito a quien se encuentre en la actualidad bajo investigación por un presunto falso positivo. La ley también establece una definición de “blanco legítimo” que permite a la Fuerza Pública atacar civiles en una excesivamente amplia variedad de situaciones, como por ejemplo, cuando los civiles están llevando a cabo actividades no relacionadas con el conflicto armado colombiano

“La ley aprobada hoy tiene muchas lagunas jurídicas que permitirán que los militares responsables por violaciones de derechos humanos queden sustraídos de la persecución penal”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Agrega que, como consecuencia de lo dispuesto en la ley, “los asesinatos a sangre fría cometidos por militares, conocidos como 'falsos positivos', podrían transferirse de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, donde prácticamente no existen posibilidades de que los culpables rindan cuentas”

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