Elección del magistrado Alberto Rojas fue demandada por supuestos vicios en su nominación

La demanda fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, al considerar que hubo un vicio de procedimiento en la nominación del togado ante el Consejo de Estado, el 6 de marzo del presente año

La demanda cuenta con grabaciones y actas como evidencias, que demostrarían una supuesta violación al reglamento del Consejo de Estado, en el sentido de elegir de forma secreta a los miembros de las altas cortes

“Ese miércoles, el magistrado Víctor Hernando Alvarado propuso que los consejeros votaran poniéndose de pie y que después legalizaran la decisión “ratificando” con papeletas lo que ya estaba definido en una votación pública, es decir irreglamentaria”, argumentó el periodista Daniel Coronell

En uno de los videos que soporta la denuncia, se escucha al magistrado William Zambrano advirtiendo que “una de las razones para no ponernos de pie es que consideraba que así violaríamos el reglamento”

En la columna también es citada la aclaración que realizó la magistrada Stella Conto de la sección tercera, quién sostuvo que: “no estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Alvarado. Si en realidad la sala considera que el voto debe dejar de ser secreto, como debe ser, no participaré en la elección”

De igual forma Coronell publica el audio de la magistrada Martha Teresa Briceño, que tampoco estuvo de acuerdo con el procedimiento, a pesar de que, al parecer, ya lo habían hecho anteriormente

“Lo que pasa es que la vez pasada el reglamento no lo cumplimos. El reglamento es muy claro y dice que el voto tiene que ser secreto y que uno tiene que escribir el nombre en una papeleta y que el que salga tiene que tener los votos requeridos”, aclaró la magistrada Martha Briceño de la sección cuarta

Además, los magistrados habrían viciado el procedimiento al firmar las papeletas con las que nominaron a Alberto Rojas Ríos para ser elegido en la Corte Constitucional. (Vea ¿Quién es Alberto Rojas Ríos?)A esta demanda se suma otra que la Red de Veedurías había interpuesto en contra de la elección del magistrado Alberto Rojas Ríos, al considerar que este no cumplía con los requisitos profesionales exigidos en el artículo 232 de la Constitución, establecidos para ocupar ese cargo.