El escándalo de las “chuzadas” se asemeja a las persecuciones del controvertido gobierno de Fujimori en Perú

Diversos sectores de opinión califican el escándalo de las “chuzadas” desde el DAS como un hecho aberrante que nunca se había visto y que sólo se compara a lo ocurrido en Perú con Fugimori y Montessinos

Todos exigen que el juicio para los responsables del Gobierno vaya más allá de lo jurídico y sea político

Para Ramiro Bejarano, una de las víctimas de las interceptaciones por parte del DAS, lo que reveló ayer la Fiscalía debería generar un escándalo y un juicio político para los funcionarios del Gobierno, que ordenaron y recibieron la información producto de las “chuzadas”. Se mostró alarmado al saber que el Gobierno tiene una espías en las Cortes, lo que afecta en gran medida la independencia judicial

"La primera forma de restablecer la ofensa mayúscula es informarnos cabalmente qué fue lo que se averiguó de nuestras vidas, por qué se pusieron en riesgo y eso no lo está permitiendo el procurador de bolsillo, Alejandro Ordóñez y su esbirro Gabriel Ramón Jaimes Durán", señaló

El vocero del Movimiento de Víctimas de Estado, Iván Cepeda, dijo que se están confirmando las sospechas sobre la responsabilidad del Presidente de la República

"Lo que realmente ocurrió con el G3 conforma un círculo en el cual las órdenes para las operaciones ilegales partían de la Presidencia de la República y los informes que hacían los agentes actuando de manera ilegal, llegaban a la casa de Nariño", indicó Cepeda

Otro de los afectados con los seguimientos e interceptaciones es Gustavo Gallón, representante de la Comisión Colombiana de Juristas, quien celebra que avancen las investigaciones, pero todavía hay mucha información que se debe publicar para conocer hasta donde llegó esa estructura criminal

"El material probatorio es muy abundante y hace falta tiempo para conocerlo todo, pero también el tiempo pasa y aquí hay responsabilidades muy graves", dijo Gustavo Gallón

Ramiro Bejarano señaló que el tema de las interceptaciones ya había ocurrido en la Gobernación de Antioquia, ordenadas también por el Gobernador de la época, el hoy presidente Álvaro Uribe