Víctimas de crimenes de lesa humanidad irán hasta la Corte Penal Internacional

Las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares conformaron un movimiento nacional que irá incluso hasta la Corte Penal Internacional (CPI).
El proyecto ha sido impulsado por una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayer celebraron la fundación del movimiento, cuya proclamación tendrá lugar mañana, sábado.
"Este es un movimiento de víctimas de la criminalidad del Estado y de los paramilitares", afirmó el portavoz del comité organizador, Iván Cepeda Castro, director de una fundación en memoria de su padre, el senador comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994.
La iniciativa se consolidó a la par con la gestión legislativa del llamado "proyecto de justicia y paz", marco jurídico para grupos armados ilegales promovido por el Gobierno del presidente Alvaro Uribe con vistas al proceso que mantiene con la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El proyecto fue aprobado el pasado miércoles por el Congreso, que concedió el estatus político al paramilitarismo y aceptó que los responsables de crímenes graves sean castigados con penas de cinco a ocho años de prisión.
La normativa alcanzará a los cerca de 17.000 a 19.000 paramilitares de las AUC que dejen las armas en virtud del diálogo de paz, abierto por las partes en diciembre de 2002.
Esta ley "no reconoce a las víctimas y sus derechos esenciales, no habla en ningún momento de la responsabilidad del Estado y de los beneficiarios de la acción paramilitar, y tampoco garantiza el desmonte efectivo de los grupos paramilitares", dijo Cepeda Castro.
Cepeda Castro intervino en el acto inaugural junto al director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCACNUDH), Michael Frûhling, y el
delegado de la Comisión Europea (CE) en Bogotá, Adrianus Koetsenruijter.
Para Frûhling, en el proyecto de ley "hay una serie de elementos que no se ajustan a los principios y normas internacionales sobre los derechos de las víctimas de delitos graves".
"Sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional", señaló el diplomático, quien insistió en diversas recomendaciones, como la de que no se defina "como delitos políticos conductas que no pueden ser consideradas como un ataque contra el régimen constitucional y legal".
La "dolorosa experiencia de otros países", añadió, demuestra que "los procesos de paz o de transición a la democracia no pueden apoyarse en el olvido de los crímenes, ni en la excesiva indulgencia con respecto de los criminales, ni en el menosprecio de lo que las víctimas tienen derecho a exigir en materia de reparaciones".
La Alta Comisionada, Louise Arbour, y su oficina en Colombia, dijo Frûhling, "han estado, están y estarán siempre al lado de las víctimas", lo que incluye su "voluntad de asesorar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra en cualquier tema relativo a la promoción y protección de sus derechos".
La defensa y el reconocimiento de derechos animaron a las víctimas a constituirse en un movimiento que, según lo anticipado por Cepeda Castro, recurrirá a "la movilización pública, a la acción en los tribunales nacionales e internacionales, y a la desobediencia civil frente a la ley" aprobada.
"Vamos a elevar nuestra voz frente al proceso de impunidad y paramilitarización que está viviendo el país", dijo el portavoz del comité organizador.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con estatus consultivo ante la ONU, ha documentado 2.339 casos de asesinato y desaparición forzada cometidos por las AUC desde que comenzó el diálogo.
La misma ONG constató que, de 1996 a 2002, los paramilitares asesinaron a "por lo menos 10.660" personas, mientras que a manos de guerrilleros murieron cerca de 3.730, y de agentes estatales, otras 1.068, en ambos casos en el mismo período.