¿Qué pasó con los acuerdos de paz en el Congreso durante el Gobierno Duque?

Congresistas de diferentes partidos decidieron agruparse para formar el movimiento “No enreden la paz” y hacer un balance de lo que ha ocurrido en el poder legislativo con la implementación del proceso de paz durante los últimos cuatro años.

De las cifras que entregaron, la mayoría ‘están en rojo’: el 33% de las normas necesarias para implementar el acuerdo de paz no se tramitaron en el Congreso, de las 9 millones de victimas registradas solo el 16,5% han sido indemnizadas. Es decir, Al ritmo del Gobierno Duque, repararlas a todas tardaría más de 60 años.

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El resto del balance fue presentado por Juanita Goebertus, representante a la Cámara y futura directora para las Américas de Human Rights Watch, en 6 AM de Caracol Radio:

“Este es el décimo informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz”, señaló. Se hicieron todos de manera multipartidista e intentan poner sobre la mesa los avances y retrocesos que deja el Gobierno Duque de cara a la próxima administración.

Las obligaciones de excombatientes también hacen parte de cada balance y, si bien han avanzado reconociendo sus responsabilidades también hay pendientes; como ayudar a encontrar a los desaparecidos; cumplir con las sanciones, incluyendo las restricciones a la libertad, y terminar de reparar a las víctimas.

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El eje central del nuevo Congreso, en materia de implementación, debería ser el de tramitar ese 33% de las normas que aún siguen pendientes para poder cumplir con los acuerdos, para que grupos como el Clan del Golfo consideren someterse a la justicia.

Ya que “bajo el Gobierno Duque hubo un deterioro dramático de las condiciones de seguridad” y las zonas que más se vieron afectadas fueron los 170 municipios Pdet.

Lo que indica que estamos frente al nacimiento de un tercer pico de violencia y, entre la ausencia de voluntad política para el cumplimiento de los acuerdos de paz y la ausencia de una política de seguridad territorial, el resultado no es otro que el de la desestabilización territorial, según concluyó el informe.