¿Cuál es el futuro de la frontera Colombia-Venezuela ante su reapertura?

En Hora20 un programa especial para analizar los últimos cambios en la frontera entre Colombia y Venezuela a partir de la reapertura del puente internacional que conecta ambos países. Se analizaron los efectos en la población; en el aumento de la migración; en el comercio y en el bloqueo a los pasos ilegales controlados por organizaciones criminales. También una mirada al lado político, a los intentos frustrados de negociación para reestablecer relaciones entre ambos lados de la frontera.

Cerca de 74 meses tuvo que esperar la población fronteriza entre Colombia y Venezuela para volver a tener un paso formal, sin corredores humanitarios y sin bloqueos entre ambos países. Desde agosto de 2015 cuando Maduro cerró la frontera y expulsó más de 20 mil colombianos, pasando por el bloqueo de contenedores de lado venezolano en febrero de 2019 hasta la llegada de la pandemia en marzo del 2020, la población de ambos lados del río Táchira hoy celebran la reapertura de los pasos oficiales que permitirán hacerle el quite a las trochas y pasos irregulares por donde cruzan a diario cerca de 2 mil personas según ACNUR y en el que hay total control de organizaciones criminales que cobran hasta cientos de dólares por permitir pasar de un lado de la frontera a otro.

Aunque Colombia abrió el paso desde el dos de junio de este año, Venezuela apenas el 4 de octubre anunció que removería los contenedores ubicados desde hace más de dos años con el fin de reestablecer el flujo migratorio y comercial. Esto a partir de diálogos locales que se celebraron entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira. No obstante, apenas este 26 de octubre se oficializó la apertura, pues Venezuela alega que no logró ningún tipo de coordinación con las autoridades de frontera del lado colombiano para establecer una apertura organizada. Por lo tanto, se reestablece el paso, pero sin la coordinación de ambos países, los cuales esperan poder reactivar también el flujo comercial, el cual por su cierre se vio interrumpido y llevó a que la economía de frontera que se calculaba en unos $7 mil millones de dólares hacia el 2008, se haya reducido en solo $200 millones de dólares al finalizar el 2020, situación que se suma a la pérdida de empleo y a la reducción del intercambio comercial entre ambos países, una compleja situación que se ubica geográficamente en el inicio de la diáspora venezolana que para hoy ya cuenta con más de 1.8 millones de venezolanos en este lado del rio Táchira.

Lo que dicen los panelistas

Víctor Bautista, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander, señaló que es necesario que se impulse un esquema de transición en la frontera hasta que se logre tener relaciones normales entre Colombia y Venezuela. Explicó que podría tener una gestión entre la DIAN y Migración, la cual implique lo operativo y al tiempo no se requiera un reconocimiento en lo político.

De otro lado, dijo que instituciones como Migración, Dian, Ica son las responsables en la zona de frontera, por lo tanto, comenta que no asumen ese tipo de competencias como oficina de Fronteras.

Armando Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, aseguró que, tras seis años de tener la frontera cerrada, el impacto ha sido importante para los comerciantes, por lo que asegura que ahora se busca hacer acompañamiento a los gobiernos nacional y local para dimensionar el impacto del cierre y poder avanzar en exportaciones hacia Venezuela, que según explicó vienen en su mayoría del centro del país.

Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, planteó que Colombia ha tenido una visión pragmática para enfrentar el asunto de la migración, pero ha manejado un tono político en las relaciones, incluso, recordó que, en el punto máximo de las tensiones entre Chávez y Uribe, al llegar Santos se puso por encima recuperar la deuda comercial.

De otro lado, dijo que es necesario que los servicios consulares sean restablecidos, pues considera que la población no debería pagar las diferencias ideológicas de los gobiernos.

María Clara Robayo, especialista en migración e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, destacó que es necesario lograr una descentralización del manejo de la frontera y apostar por casos e iniciativas de diálogo como la que se dio entre Táchira y Norte de Santander.

También comentó que la apertura de los pasos fronterizos hace que el cruce sea más digno, ya que recuerda los 200 pasos ilegales de trocha donde no hay condiciones de seguridad para poblaciones con condiciones complejas.