¿Se justifica el gasto en comunicaciones del gobierno durante la pandemia?

En Hora 20 un debate para analizar los gastos realizados en épocas de pandemia por la presidencia para mejorar la imagen del presidente y medir su popularidad. Una mirada a la situación de corabastos y los efectos que tendría limitar su operación. Un análisis al control que se le debe hacer a los decretos expedidos por el gobierno durante la emergencia económica y la forma como debe operar el congreso.

En las últimas horas se ha vuelto a generar polémica por el manejo que les ha dado el actual gobierno a los recursos del Fondo Paz. La nueva polémica consiste en un contrato firmado con el Centro Nacional de Consultoría que mediría la imagen del presidente y el desempeño de los ministros; así como los principales problemas que tiene el país. El contrato que tiene un costo de $480 millones de pesos tendría vigencia hasta el 15 de diciembre de 2020.

Sin embargo, se conoció que el contrato no es nuevo y que ya venía desarrollando algo similar con la firma encuestadora “Invamer” desde junio del año pasado por un valor de $688 millones, y dos adiciones por $399 millones.

Esta polémica se suma a la que hace unas semanas se generó por destinar dineros del Fondo Paz para hacer un contrato con la firma Du Brands para posicionar la imagen del presidente Duque en redes. También sumándose a la polémica por la compra de al menos 20 camionetas por un valor de más de $9 mil millones de pesos. La revista Semana reveló que, en el último año, el Gobierno se ha gastado cerca de $5 mil millones de pesos en imagen y encuestas del presidente.

Esta mañana en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy, el consejero para las comunicaciones, Hassan Nassar dijo que estos dineros salen de unos recursos establecidos desde el año pasado para el funcionamiento de presidencia en 2020. También señaló que ese dinero sale del Fondo Paz, “el cual es amplio y permite múltiples gastos”. Frente al dinero destinado para contratar una encuesta dijo que el presidente no necesita una encuesta que mida su popularidad. Hizo énfasis en que este es un momento vital para que el gobierno comunique bien en qué se está avanzando y cuáles son los beneficios que reciben los ciudadanos.

Aunque se ha dicho en reiteradas ocasiones que el Fondo Paz creado en 1997, tiene como finalidad proyectos como la reincorporación, Hassan ha dicho en reiteradas ocasiones que parte de la política pública de Duque tiene que ver con la implementación de la paz.

En la noche del lunes la Procuraduría dio a conocer que abrió un proceso preventivo, en una carta enviada a Juan Carlos Morales, director de Fondo Paz para que responda a través de seis preguntas formuladas por el órgano de control sobre la pertinencia, necesidad y motivación del contrato con Du Brands para posicionar la imagen del presidente en redes sociales. La Procuraduría ha dicho que tienen dos días para que justifiquen ese contrato y así poder determinar si hay irregularidades y por qué en medio de la emergencia se firma un contrato por más de $3.350 millones.

Lo que dicen los panelistas

Para Fabio Humar, abogado penalista y analista, las comunicaciones en un gobierno debe ser una prioridad bajo cualquier circunstancia, aun más en condiciones actuales como las de la pandemia y en épocas donde la comunicación política es amplia y es importante tomar la temperatura a la opinión pública “no hacerlo sería una torpeza política o un suicidio” comenta el penalista. Frente a los costos, dice que quizás este no sea el momento de ejecutar esos recursos, según varios expertos, pero él opina que sí es el momento. Plantea que esos montos ya estaban destinados desde el año pasado en el presupuesto general y que por lo tanto debe ser ejecutado.

Frente a la compleja situación que se podría presentar en corabastos al reducir su capacidad al 35 por ciento, dice que si la cadena de suministro de la ciudad que en gran parte depende de la central de abastos, llega a fallar podríamos tener graves problemas de orden público y complejos problemas de distribución de los alimentos.

Según Yesid Lancheros, editor político de la revista Semana, todos los recursos en comunicación deben ser bienvenidos. “Nada más trascendental que mejorar las comunicaciones de cualquier gobierno. Muchos miran con desdén cuando un gobierno invierte en comunicación. Duque está en derecho de invertir recursos públicos para mejorar tareas de comunicación del gobierno.” Señala el periodista. Sin embargo, dice que hay un problema estructural desde las oficinas de comunicaciones, principalmente desde la Casa de Nariño, ya que estas oficinas se subcontratan, están tercerizadas, hecho que genera un gasto adicional en las finanzas públicas.

En cuanto a la situación en corabastos dice que es una amplia zona vulnerable, la cual recoge problemas de pobreza, delincuencia y tráfico de drogas; a lo que ahora se le sumaría un foco del COVID-19. Añade que el control de la policía en ese espacio será vital para mantener el orden. Por último, hizo referencia a que hoy Bogotá cuenta con una alcaldesa muy activa y un buen trabajo desde la Secretaría de Gobierno, pero siente que el trabajo no ha sido tan fuerte desde otras dependencias del distrito o alcaldías locales.

 Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en temas de seguridad, dice que la buena comunicación consiste en enviar mensajes correctos, pero considera que el gobierno no está comunicando bien y que estos hechos se conectan con la compra de camionetas y otros escándalos que no tienen hasta el momento una justificación clara u precisa en un momento en el que las personas esperan que el gobierno envíe un mensaje de austeridad.

Celebró la decisión tomada por la Cámara de Representantes para iniciar sesiones semipresenciales, dijo que esta es la posibilidad para restablecer balances y contrapesos entre el ejecutivo y el legislativo, balance que para el abogado estaba completamente destruido. Concluye diciendo que este es el escenario para escuchar las voces en el congreso frente al manejo que el gobierno le ha dado a la crisis por el coronavirus y para que haya una gestión de control político frente a los resultados del estado de excepción, plasmados en los decretos que fueron expedidos desde lo político. .

Para Gabriel Silva, exministro de Defensa, exembajador y columnista en El Tiempo, todos los gobiernos sin excepción tienen un interés de conocer qué pasa con la opinión pública, de hecho, puede ser un deber, conocer qué está pasando y si sus políticas son entendidas y para administrar políticamente una gestión. “Es una actividad legitima y necesaria para un gobierno; lo cuestionable son los montos y en segundo lugar el momento en el que estamos. Saber quiénes se favorecen es importante. El gasto no es ni pertinente ni oportuno” concluye el exministro. Agrega que con los últimos escándalos de gastos del gobierno se elimina el discurso de austeridad de la administración de Duque y finaliza diciendo que con esos contratos en comunicación se va a lograr poco, ya que el problema de desconexión con la ciudadanía es estructural”

Para Silva el inicio de sesiones semipresenciales es de la mayor importancia ya que manifiesta preocupación ante la ausencia de control político sobre los poder que ha ejercido el gobierno de manera libre, sin discusión y de manera unilateral. “Es un deber constitucional el de revisar estos decretos y para ejercerlo se necesita que el debate sea mucho más abierto. Para la democracia es fundamental que el congreso recupere el control político” concluye.