74 funcionarios de la Fiscalía han sido judicializados en los últimos 15 meses
En la capital antioqueña fue asegurado un servidor del CTI que vendía información judicial a la banda criminal La Terraza.
74 funcionarios de la Fiscalía han sido judicializados en los últimos 15 meses. Foto: Colprensa(Thot)
Bajo la administración del fiscal general Néstor Humberto Martínez y su política del Plan Bolsillos de Cristal, han sido judicializados 74 funcionarios de la entidad por posibles actos de corrupción.
Gustavo Alexis Bermúdez Osorio, alias "Don Gato", servidor del CTI de Medellín y adscrito al área de Seguridad, fue enviado a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y concusión.
De acuerdo con la investigación, en septiembre del año 2016, Bermúdez Osorio recibió la suma de 10 millones de pesos por filtrar información sobre tres órdenes de captura proferidas contra cabecillas de la organización criminal La Terraza.
A partir de ese momento, la estructura delincuencial empezó a pagarle la suma de tres millones de pesos mensuales a cambio de información privilegiada que evitara la judicialización y captura de sus integrantes.
Se estableció que alias Don Gato entregó a La Terraza nombres, direcciones, correos electrónicos e información personal de fiscales e investigadores que adelantaban procesos contra la delincuencia organizada en la capital antioqueña. También suministraba las características y placas de los vehículos oficiales utilizados por la Fiscalía para hacer inteligencia y vigilancia en algunas zonas de Medellín.
Se investiga además si el procesado comercializaba marihuana que le entregaban algunos cabecillas de la citada banda criminal.
Los resultados de la Fiscalía
En los últimos 15 meses se logró poner al descubierto las irregularidades en las que habrían incurrido el exdirector anticorrupción, 25 fiscales, 31 investigadores del CTI, 9 asistentes de fiscal, dos coordinadores de área, dos profesionales, un exfuncionario, un practicante y un enlace con juzgados.
Entre las inconsistencias por las que se investiga a los funcionarios, en casos diferentes, se encuentra la filtración de información para favorecer procesos judiciales, falsos allanamientos, exigencias económicas y manipulación de datos y sistemas de información.