Recursos OCAD Paz en Risaralda habrían quedado en manos del Clan del Golfo

Desde que se conoció el escándalo por los más de 500 mil millones de pesos de la paz que se perdieron en medio de adjudicaciones a proyectos en varias regiones del país , en Risaralda se han dado a conocer aquellos que fueron adjudicados en varios municipios y que, según ha denunciado la congresista, registran múltiples inconsistencias.Inicialmente, Giraldo denunció que los recursos del OCAD Paz entregados para municipios de Risaralda , no corresponden a las obras que fueron entregadas, algunas incompletas, otras con gran deterioro en poco tiempo y otras que continúan suspendidas.Ahora, la denuncia hace referencia al destino final que tuvieron los más de 34 mil millones de pesos que se distribuyeron en contratos para ocho municipios de Risaralda y que, según indica la congresista , quedaron en manos de testaferros del hoy extraditado líder de Clan del Golfo, alias 'Otoniel'. Mencionó que, en medio de una investigación realizada por su equipo de trabajo, encontraron que el representante legal de uno de los consorcios que tuvo varias obras a su cargo, fue condenado, capturado y hoy a la espera de extradición por el delito de lavado de activos con el Clan del Golfo , situaciones que también encontraron con otras personas que aparecen como representantes legales del mismo consorcio, 'Las Ingenierías S.A.S'. Finalmente, cuestionó el rol de los congresistas que hacen parte de los invitados permanentes del OCAD Paz, entre ellos el senador de Risaralda, Samy Merheg, pues estuvo presente en las sesiones de adjudicación de dichos recursos para el departamento que, presuntamente, terminaron, en ese momento, en manos de personas de su mismo grupo político. En respuesta a los cuestionamientos de la representante, el senador Samy Merheg, expresó que no tiene ninguna responsabilidad en esta denuncia, pues los recursos fueron adjudicados antes de él ingresar al comité de OCAD Paz , y que por otro lado, no tiene ninguna relación con grupos al margen de la ley, por lo que le pidió realizar un control político objetivo. Finalmente, la congresista indicó que pasará a los entes de control competentes todas las pruebas documentales que tiene sobre las irregularidades en las obras y sobre los hallazgos de los representantes de los consorcios que están vinculados con actividades ilícitas , para que inicien las respectivas investigaciones.