Abren juicio de responsabilidad fiscal por salario de la Primera Dama

Cartagena de Indias

La Contraloría Distrital de Cartagena dio respuesta de fondo a la denuncia instaurada ante ese ente de control por el veedor Wilmer Sánchez, donde se advierte de un presunto detrimento patrimonial en la Alcaldía de $33.600.000 millones por el salario de la Primera Dama, Cynthia Pérez Amador.

Según la denuncia, la funcionaria debería devengar 2 millones 200 mil pesos y no 7 millones teniendo en cuenta que su nivel de formación es tecnólogo. De acuerdo a Sánchez, Pérez Amador tendría un salario en su OPS de personas que poseen un título profesional con especialización, maestría o doctorado.

Al respecto, el Alcalde de Cartagena, William Dau, explicó que Cynthia Pérez Amador no fue contratada como tecnóloga, sino bajo una orden de prestación de servicio (OPS) de alta confidencialidad, para la cual existe una excepción en los montos del salario de la persona.

Sin embargo, la Contraloría aseguró que luego de analizar el contrato, se evidenció que dentro de las obligaciones estipuladas a Cynthia Pérez Amador, no es posible determinar que se cumpla el perfil o los requisitos para la prestación de servicios especializados de alta confianza, o que se trate de asesorías de carácter científico, cívico, social, legal, económico o contractual.

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“La contratista no tiene ningún título profesional en tales áreas del conocimiento, así como especialización, y mucho menos soporta experiencia suficiente en alguna de ellas. De igual forma, se observa que no se determinaron los requisitos, y criterios necesarios, para la prestación de servicios especializados que puedan ser catalogados como de alta confianza”, afirmó el ente de control.

Según la Contraloría se identificó que los estudios previos no enuncian las calidades requeridas para el caso particular del contrato en estudio, ni mucho menos hace mención de los estudios y experiencia requeridos para efectuar la contratación, catalogándola como de prestación de servicios de alta confianza.

“De lo anterior, es posible inferir, que la contratista no posee un conocimiento profesional especializado, que le permita suscribir un contrato de prestación de servicios catalogado de alta confianza, porque estos no son coincidentes con sus estudios académicos y la experiencia certificada”, explica el órgano de control.

Por todas estas razones, la Contraloría abrió un juicio de responsabilidad fiscal por no encontrar justificada la contratación utilizada establecimiento un presunto detrimento patrimonial de $33.600.000 millones.

La Contraloría también manifestó que la investigación puede tener alcances disciplinarios y penales con la finalidad de que se investigue la actuación de los funcionarios que intervinieron en la contratación, desde su etapa de planeación hasta la suscripción del mismo.