Pliego de cargos contra exalcaldesa de Armenia y exgerente de Amable

Quindío

Por posibles actos de corrupción en la contratación de proyectos para la construcción, adecuación, mantenimiento y/o reparación de la infraestructura vial de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco tres exfuncionarios de su administración y el exgerente de la Empresa Amable de Armenia, Mauricio Pedroza Canizales.

En el caso de la exalcaldesa el ministerio público reprochó presuntas irregularidades en la tramitación, adjudicación y celebración de los contratos que se financiaron con los recursos provenientes de valorización y del empréstito autorizado por el Concejo Municipal.

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Para el ente de control la mandataria con su actuar podría haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado en provecho propio y de terceros.

De las 12 obras aprobadas por el concejo como parte del Plan de Desarrollo 2012-2015 ‘Armenia, un paraíso para invertir, vivir y disfrutar’, por un valor de $126.107.810.133, Fernando León Diez Cardona, representante de las U.T. Vías de Armenia y Puentes de Armenia, ganó 10 de los contratos.

Solo tres de las 10 obras contratadas presentan un 100% de ejecución, los otros siete proyectos se encuentran inconclusos o sin ejecutar.

Al parecer la disciplinada materializó acuerdos presumiblemente ilegales entre su esposo Francisco Javier Valencia Salazar, quien poseía información detallada de los proyectos de la alcaldía, con el contratista Diez Cardona y las empresas por él sugeridas: Opción Diseño y Construcciones, JL Construcciones, las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes de Armenia, y los Consorcios Interpuentes Quindío y Vial de Armenia.

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Al parecer, la exalcaldesa presuntamente se apropió de $2.009’726.331 derivados de los presuntos malos manejos del anticipo de los contratos 031 y 012 del 2015, y habría permitido que terceros se apropiaran de una suma aproximada a los $15.095’538.438, además del aparente trámite y celebración de negocios jurídicos sin los requisitos legales necesarios.

El órgano de control reprochó a la exmandataria local, al exsecretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada, y a los entonces director y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Juan Sebastián Londoño Forero, respectivamente, su presunta participación en un concierto para delinquir, el interés indebido en la celebración de contratos, y la forma de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísima a título de dolo.

El órgano de control también formuló pliego de cargos al entonces gerente de la Empresa Amable de Armenia, Mauricio Pedroza Canizales, por incurrir presuntamente en el delito de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos.

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El ministerio público reprochó al investigado un posible desconocimiento de los principios de moralidad e imparcialidad, cuando al parecer entregó información reservada al contratista Fernando León Diez Cardona, a través de sus subalternos, con lo que habría permitido que llegara con ventaja sobre los demás proponentes.

El exgerente supuestamente transgredió las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, BID sobre brindar igualdad de oportunidades a los interesados en competir en el suministro de bienes y la ejecución de las obras financiadas por el banco, y exigir altos niveles éticos para evitar fraude y la corrupción.

Al parecer, el investigado siguiendo instrucciones del esposo de la alcaldesa presentó a su subalterno en la empresa Amable, Andrés Avendaño Giraldo, a la señora Dalila Delgado Cano, dependiente de León Diez, entonces interesado en las licitaciones, para que le explicara la contratación del BID, y presumiblemente entregó toda la documentación de los procesos para otorgarle un beneficio o ventaja al constructor frente a los demás interesados.

Testigos hablaron de los supuestos pactos ilegales entre el contratista Diez Cardona y el esposo de la alcaldesa, quienes posiblemente se habrían puesto de acuerdo para que se adjudicaran al constructor las obras financiados con recursos de la contribución de valorización, y los que iban a tramitar en Amable para la construcción del paradero PEP Los Naranjos y la Calle 50, con su interventoría.

Al investigado se le reprocha la presunta concertación para brindar información privilegiada que gozaba de reserva hasta que fuera publicado oficialmente el proceso en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) y con la que se buscaba garantizar la igualdad de condiciones para todos los interesados, y la supuesta entrega al esposo de la exalcaldesa del 10% del valor de cada uno de los negocios jurídicos.

El órgano de control formuló pliego de cargos a los interventores de los contratos 012 y 031 de 2015, Andrés Leonardo Lasso Aguirre y Ángel José Angarita, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de interventoría 01 de 2016 y 015 de 2015, relacionadas con la aparente falta de control a los pagos e inversión de los anticipos que, al parecer, en parte, fueron destinados a efectuar presuntos pagos de coimas a funcionarios públicos y particulares.

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria al representante legal de la Constructora Diez Cardona S.A.S., Fernando León Diez Cardona, quien era el representante de las U.T. Vías de Armenia y Puentes de Armenia, por haber utilizado presuntamente el dinero proveniente de anticipos girados por la Alcaldía de Armenia en los contratos 012 y 031 de 2015, para pagar presuntos sobornos pactados para garantizar la adjudicación de los negocios jurídicos.

Al parecer el contratista entregó dinero en efectivo dirigido al esposo de la exalcaldesa de Armenia a través de terceras personas.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido.

Los investigados en estos procesos podrán ser escuchados en versión libre, si así lo solicitan.