"Protocolos de bioseguridad son obligatorios”: Puerto de Cartagena a Impala

Cartagena de Indias

La Superintendencia de Transporte ha anunciado el inicio de una investigación sobre actuaciones de Contecar sobre la actividad comercial existente entre el puerto y la compañía Impala Terminals Colombia S.A.S., la cual denunció que “entre los días 20 al 24 de mayo de 2020 se impidió que el remolcador “Impala El Banco” pudiera atracar en el puerto”.

El grupo Puerto de Cartagena informó a través de un comunicado de prensa que durante su existencia ha servido a todos sus usuarios de manera profesional y eficiente y ha contribuido de manera proactiva con el transporte multimodal en Colombia.

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“El caso en mención hace referencia a un debate que tiene que ver con la necesidad de cumplir con la reglamentación existente sobre maniobras de acercamiento al Puerto así como de la normativa en materia sanitaria y de bioseguridad y los protocolos aplicables bajo el estado de emergencia declarado en el país”, sostuvo el Puerto de Cartagena.

La compañía manifestó que en el pasado ya se había dado un conflicto con Impala Terminals por pretender incumplir la obligación de contar con remolcadores de asistencia para la operación de acercamiento, atraque y zarpe, atentando ello contra la seguridad de las personas, la instalación portuaria y demás embarcaciones. “El Puerto ha insistido una y otra vez en que la aplicación de la reglamentación y de las leyes no es opcional”, expresaron.

Ahora se incluye en el debate el cumplimiento o no de la obligación del dueño de la embarcación y del Capitán de la misma, de recibir la visita del médico del DADIS al momento del atraque, para cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades frente a la COVID-19, con el fin de verificar las condiciones de salud de la tripulación y evitar la propagación de la enfermedad en la comunidad portuaria y en la ciudad de Cartagena.

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“Los estándares sanitarios impuestos por los decretos de emergencia sanitaria no son de voluntario cumplimiento. Son obligatorios. Actuar en contra de los mismos, de manera temeraria, conllevaría violación no sólo de reglamentación básica portuaria sino de normas de alcance nacional y local, conducta que podría tener incluso consecuencias penales”, argumentó el Puerto de Cartagena.