Distrito encuentra irregularidades en el Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones de Bogotá
La Alcaldía encontró un pasivo pensional que no se encuentra bien definido ni cuantificado

(Colprensa/Archivo)

Uno de los capítulos del “Libro Blanco” está dedicado a los hallazgos en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá (Foncep), que es una entidad adscrita de la Secretaría de Hacienda. Según el corte de cuentas en este organismo, se establecieron los siguientes asuntos:
Las obras realizadas en el quinto piso de la sede administrativa del Foncep fueron recibidas a satisfacción y canceladas en su totalidad en el mes de diciembre de 2015, sin embargo, aún no se han entregado varios ítems por parte del contratista.
Se encontró un pasivo pensional que no se encuentra bien definido ni cuantificado, y un abandono de las materias misionales de la empresa, donde sus principales servicios al ciudadano no se encuentran controlados.
Se identificó un nivel de deuda probable de alrededor de $1,3 billones, sin un mandato claro orientado a gestionarla. En la actualidad se tienen embargos sobre las cuentas bancarias, impidiendo su cancelación.
Resulta ser este un fenómeno histórico que se explica en una organización funcional y no por procesos, una excesiva manualidad, la inexistencia de bases de datos confiables que permitan identificar con certeza las obligaciones de cobros y pagos, y la falta de definición de criterios jurídicos unificados.
Se presenta un grave incumplimiento de términos en el reconocimiento de pensiones, donde en el reconocimiento de cerca de 4.000 pensiones al año, se presentan 500 tutelas y 128 desacatos, según datos de 2015.
Adicionalmente, los Estados Financieros no reflejan razonabilidad contable, pues entre otros aspectos se encuentran embargos judiciales por $876 millones de pesos que requieren definición en el estado del proceso para depuración de la partida, cuotas partes por cobrar sin conciliar con las entidades y el cálculo actuarial del pasivo pensional sin actualizar conforme a la Resolución 633 de 2014, encontrando que la última certificación de cálculo fue en el año 2012.
No se encontró un modelo estructurado para la contratación. No existe un reglamento o manual de contratación, tampoco de interventoría o supervisión.
No existe un procedimiento que realice el seguimiento detallado de los procesos misionales de reconocimiento pensional y de cobro y pago de cuotas partes y bonos pensionales. No existe un Sistema Integrado de Información Contable, ocasionando el ingreso de los mismos datos varias veces, manipulación de la información y validación manual.
A pesar de que se realizó una inversión significativa en infraestructura tecnológica, la totalidad de los procesos misionales se gestionan manualmente en Excel. Se contrató un desarrollo de software en 2014 por $609 millones mediante contratación directa. Se realizó una adición de 300 millones y dos adiciones de tiempo. Está activo y sin entregables. El “Libro Blanco” será entregado en los próximos días a los órganos de control, entre ellos, la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que establezcan, de acuerdo con sus análisis, si hay razones para iniciar investigaciones fiscales, disciplinarias y penales por las actuaciones de los funcionarios de la administración de Gustavo Petro.




