Respaldo de la Corte al Acuerdo de Paz: piden al Gobierno incluirlo en el PND

La Corte Constitucional emitió el Auto 1538 de 2026, mediante el cual le pidió al Gobierno que, en un término de 30 días hábiles, incluya una hoja de ruta clara, con metas y recursos, para la implementación del Acuerdo de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo.

El alto tribunal hizo énfasis en que se debe garantizar una entidad sólida para coordinar el cumplimiento de lo pactado y advirtió sobre la desfinanciación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el bloqueo de recursos por 53.000 millones de pesos destinados a proyectos productivos.

En la decisión, la Corte también examinó el cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz y concluyó que persisten bloqueos institucionales que afectan su protección. Según el tribunal, aunque las entidades reportan actividades, no existen pruebas suficientes de que los mecanismos estén funcionando de manera efectiva en los territorios.

La Corte reiteró que el Acuerdo de Paz constituye una política de Estado y que sus compromisos deben cumplirse hasta 2030, independientemente del gobierno de turno. En ese sentido, advirtió que el Ejecutivo puede definir los mecanismos para implementar lo pactado, pero no puede eliminar los compromisos, aplazarlos indefinidamente ni desfinanciarlos.

Entre las órdenes impartidas, el alto tribunal dio 20 días hábiles para que se pongan en funcionamiento instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. También pidió a la ARN activar el Subcomité de Seguimiento a la Reincorporación.

En materia presupuestal, la Corte recogió una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre cerca de 53.000 millones de pesos bloqueados en la ARN, situación que estaría afectando proyectos productivos, beneficios económicos, antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) y apoyos para traslados por razones de seguridad.

Además, advirtió que el proyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción del 79,1 % en los recursos de inversión de esa entidad, por lo que le exigió al Gobierno explicar las razones de ese recorte.

Los plazos establecidos por la Corte comenzarán a contarse a partir de la notificación del auto. Una vez recibidas las respuestas, el tribunal evaluará el cumplimiento de las órdenes y advirtió que, si estas son incompletas, podrá declarar el incumplimiento de sus disposiciones.