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Corte Constitucional decide este lunes si proceso al expresidente Uribe pasa a Comisión de Acusación

Se prevé un resultado apretado en decisión sobre competencia en procesos por asesinato de Jesús María Valle y masacres de La Granja y El Aro.

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages)

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages) / NurPhoto

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages)

Este lunes, 9 de noviembre, a las 9:00 de la mañana la Corte Constitucional está citada para decidir que jurisdicción es competente para adelantar el proceso al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y las masacres de La Granja y El Aro, en las que murieron 22 personas.

En síntesis son dos delitos: homicidio agravado y concierto para delinquir también agravado.

El orden del día establece que el primer punto de la sesión será definir el conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El tema es sencillo. Si la Fiscalía continúa el proceso habrá investigación, si pasa a la Comisión de Acusación pasará lo mismo que ha pasado con todos los casos contra expresidentes de la República: Nada.

La idea de que se propusiera que ese conflicto de competencias es de Jaime Granados, el principal abogado defensor del expresidente Uribe. El Reporte tiene la carta de 8 páginas enviada por Granados a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y que concluye con la petición de que el delito de “concierto para delinquir” pase a la Cámara de Representantes ya que el llamado “Bloque Metro” de las Autodefensas habría seguido existiendo hasta 2003 cuando Uribe ya era presidente de la República.

La idea del defensor del expresidente Uribe llegó a la Comisión de Acusación por ponencia del congresista Jorge Rodrigo Tovar Vélez, el hijo del paramilitar Jorge 40.

La Fiscalía sostiene que los hechos materia de investigación ocurrieron antes de que Álvaro Uribe fuera presidente y que no hay ninguna base para extender su presunta participación a su período presidencial.

Mientras tanto la Comisión de Acusación reclama la competencia porque considera que la naturaleza permanente del delito y la subsistencia del Bloque Metro hasta 2003 permiten activar el fuero presidencial. Esta ponencia fue aprobada por unanimidad, incluyendo 5 votos de miembros del Pacto Histórico que la semana pasada le escribieron a la Corte Constitucional diciendo que se arrepienten y que ellos cinco son partidarios de que la Fiscalía conserve la competencia. Un poco tarde.

El ponente en la Corte Constitucional será el magistrado conservador Jorge Enrique Ibáñez, amigo y compañero de estudios de Jaime Granados. En la Corte se da por descontado que el proyecto de Ibáñez será a favor del expresidente Uribe pidiendo que el expediente pase a la Cámara de Representantes.

La duda es si se limitará estrictamente al concierto para delinquir o incluirá también que el homicidio de Jesús María Valle y las 22 personas se envíe a la popularmente llamada Comisión de Absoluciones por conexidad. Es decir, concederá incluso más allá de lo que pidieron el abogado Jaime Granados y el congresista Jorge Rodrigo Tovar.

Dos fuentes internas de la Corte Constitucional aseguran que en la votación de hoy está cuatro a tres y hay dos magistrado indecisos.

De acuerdo con la percepción del fin de semana votarán a favor del expresidente Uribe tres magistrados: El ponente Jorge Enrique Ibáñez; la presidenta de la Corte Paola Meneses, quien llegó a la magistratura postulada por su compañero de colegio el expresidente Iván Duque; y Carlos Camargo Asis, el magistrado propuesto y elegido por beneficiarios de favores burocráticos cuando él era defensor del pueblo.

Votarán para que la Fiscalía conserve la jurisdicción en el proceso: El magistrado Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de Gustavo Petro; Juan Carlos Cortés, ex viceprocurador general de la Nación cuando el procurador era Fernando Carrillo; Miguel Polo Rosero ternado por el Consejo de Estado y elegido después de una apretada votación en la que contó con apoyo del gobierno Petro; y Natalia Ángel Cabo, académica y asesora cuando empezaba su carrera del recordado magistrado Carlos Gaviria.

Los indecisos serían dos: La magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, tradicionalmente conservadora en sus fallos; y el magistrado Héctor Carvajal, el mismo que fue anfitrión en las reuniones entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. El magistrado Carvajal fue abogado de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente, en el caso de la Zona Franca de Occidente.

La esperada decisión debe conocerse en el curso del día.

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