Atlántico inicia proceso contra Aqualia y contempla caducar su contrato
El Gobierno departamental revisa las obligaciones del operador por las deficiencias en el suministro de agua potable en municipios del sur del Atlántico.
Planta de Tratamiento de Agua Potable. Foto: cortesía Aqualia.
El Gobierno departamental del Atlántico inició un proceso jurídico contra Aqualia, empresa encargada de operar el servicio de acueducto en varios municipios del sur del departamento, debido a las deficiencias en la prestación del servicio. La actuación podría derivar en sanciones e incluso en la caducidad del contrato, si se comprueban incumplimientos por parte del operador.
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La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el acompañamiento de la Secretaría Jurídica del departamento, adelanta una revisión del contrato para establecer las responsabilidades de la empresa frente a las dificultades que vienen enfrentando las comunidades, especialmente por la falta de continuidad y cobertura en el suministro de agua potable.
“Hemos iniciado una revisión del contrato”
Ernesto Barros, secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, explicó que el proceso también responde a la problemática que afecta a Luruaco y sus corregimientos, debido a que dependen de un sistema de acueducto regional.
“Estamos iniciando un proceso sancionatorio, incluso con una solicitud de caducidad del contrato de Aqualia, en caso de que la empresa no responda como debe ser. La problemática de Luruaco es bastante grave, porque se trata de un acueducto regional que también afecta a sus corregimientos. Hemos iniciado una revisión del contrato con el acompañamiento de la Secretaría Jurídica y, si de ese análisis se concluye que se debe desvincular al operador, así se hará”, manifestó el funcionario.
Barros también reveló que existen conversaciones para que la empresa Triple A pueda asumir la operación del servicio de acueducto en el sur del Atlántico, en caso de que se concrete la salida de Aqualia.
De esta manera, la Administración departamental busca establecer las medidas necesarias para garantizar la continuidad y mejorar la prestación del servicio de agua potable en las comunidades afectadas.
