MinCultura anuncia recorte de personal y termina contrato de $5.000 millones del Gobierno Petro

La ministra de Cultura, Paola Holguín, anunció cambios en la estructura administrativa de esa cartera y confirmó la terminación anticipada de un contrato por $5.000 millones firmado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Las dos decisiones están relacionadas con la revisión que adelanta la nueva administración sobre el uso de los recursos públicos, el tamaño de la nómina y los procesos de contratación del sector cultural.

Por un lado, Holguín aseguró que reducirá drásticamente el personal del Ministerio para destinar una mayor proporción de los recursos a sus programas y funciones misionales. Por otro, informó que su despacho terminó y liquidó anticipadamente, por mutuo acuerdo, el contrato para adquirir cinco unidades móviles que funcionarían como aulas para actividades culturales.

La ministra señaló que encontró deficiencias en la planeación de este proyecto, problemas durante la adjudicación y presuntos incumplimientos del contratista.

MinCultura reducirá su planta de personal

Holguín cuestionó el crecimiento de la nómina del Ministerio durante el Gobierno anterior. Su argumento es que los recursos destinados a la cultura deben priorizar los programas, proyectos y servicios de la entidad, en lugar de concentrarse en gastos burocráticos.

Según las cifras presentadas por la ministra, durante los últimos 20 años el Ministerio tuvo un promedio de 315 empleados. Sin embargo, afirmó que el Gobierno Petro creó 323 cargos adicionales mediante el Decreto 1591 de 2024.

De acuerdo con la información divulgada por la cartera, la planta pasó de 312 empleos en 2024 a 635 después de la creación de esos nuevos cargos. A esto se sumaban 1.490 contratistas vinculados al Ministerio al 7 de agosto de 2026, según la funcionaria.

Holguín cuestionó que el crecimiento de la estructura administrativa pudiera restar recursos a las responsabilidades principales de la entidad. “Corrupción también es gastarse la plata en burocracia y no en lo misional de cada ministerio”, afirmó.

La ministra sostuvo que su Gobierno busca reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia del gasto público. En esa línea, anunció que adelantaría un recorte de personal para priorizar la inversión en las funciones misionales de la cartera.

El contrato de $5.000 millones para cinco aulas móviles

El segundo caso expuesto por la ministra corresponde a un contrato firmado el 16 de julio de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, por $5.000 millones para adquirir cinco unidades móviles destinadas a actividades culturales.

Se trataba de vehículos concebidos como una especie de aulas móviles, con los que se buscaba desarrollar actividades culturales fuera de los espacios convencionales. Sin embargo, la adquisición no prosperó y el Ministerio terminó y liquidó anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las partes.

Según Holguín, la revisión del proceso identificó deficiencias en varias etapas: desde la planeación y estructuración del proyecto hasta su adjudicación y ejecución.

La ministra señaló que el contrato se adjudicó con un único proponente y que no se atendió una advertencia preventiva formulada por la Veeduría Ciudadana Nacional. Además, reportó presuntos incumplimientos por parte del contratista.

Para la funcionaria, los problemas de planeación fueron determinantes en el desarrollo del proceso. Su cuestionamiento es que un proyecto financiado con recursos públicos debe estar correctamente estructurado desde el inicio y contar con condiciones que permitan cumplir los objetivos previstos.

La terminación anticipada implica que el contrato no continuó en los términos inicialmente acordados y que la compra de las cinco unidades móviles no se concretó.

¿Qué hizo el Ministerio frente a los hallazgos?

Ante las situaciones identificadas, el Ministerio de Cultura remitió el expediente contractual a la Procuraduría General de la Nación el 23 de septiembre y solicitó su acompañamiento preventivo.

La actuación busca poner en conocimiento del organismo de control las alertas detectadas durante la revisión del contrato y solicitar su seguimiento. La remisión del expediente no significa que la Procuraduría haya declarado responsables al contratista o a los funcionarios involucrados.

Holguín defendió la decisión de terminar el contrato y sostuvo que las fallas en la planeación y ejecución de políticas públicas también representan un problema en la administración de los recursos del Estado.

La ministra ha planteado que la revisión de los contratos y la reducción del gasto burocrático forman parte de una misma prioridad: mejorar el uso del presupuesto de la cartera y concentrarlo en las responsabilidades que debe cumplir el Ministerio.