Reforma que plantea De la Espriella ya genera rechazo en el sector portuario

La reforma al régimen de concesiones portuarias que se propone implementar en Colombia ha generado preocupación por los posibles efectos que tendría sobre la administración de los puertos, la ejecución de inversiones y la estabilidad de los contratos vigentes, pese a que la iniciativa busca modernizar y agilizar los procedimientos del sector, la Red de Veedurías de Colombia advirtió que varios vacíos en su formulación podrían terminar aumentando las cargas administrativas, generando conflictos entre autoridades y abriendo la puerta a nuevas controversias jurídicas.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de que los procedimientos se vuelvan más extensos y complejos, según la Red de Veedurías, la falta de articulación entre el Ministerio de Transporte, las entidades concedentes, la Superintendencia de Transporte y otras autoridades podría ocasionar solicitudes repetidas de información, expedientes paralelos y demoras en la aprobación de trámites relacionados con las concesiones.

Pablo Bustos Sánchez, representante de la Red de Veedurías de Colombia y Veedores sin Fronteras, señaló a Caracol Radio que otro de los aspectos que requiere ajustes es la delimitación de responsabilidades entre las instituciones que participan en la actividad portuaria y que es necesario diferenciar las funciones de las entidades concedentes, encargadas de administrar los contratos, verificar inversiones y evaluar modificaciones, de las competencias de inspección, vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia de Transporte.

Según el documento de observaciones, esta falta de precisión podría provocar que diferentes entidades intervengan sobre un mismo hecho o que determinadas situaciones queden sin atención oportuna ante las dudas sobre cuál autoridad tiene la responsabilidad de actuar.El problema también se extiende a los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales, para los cuales la propuesta no desarrolla completamente aspectos relacionados con su duración, prórrogas, terminación, contraprestaciones y condiciones de operación.

Otro de los puntos que genera preocupación es la intervención de autoridades ambientales, marítimas, fluviales y territoriales en asuntos que podrían tener consecuencias sobre los contratos de concesión, pese a que estas instituciones cuentan con competencias propias, la Red de Veedurías advierte que algunas de sus decisiones podrían modificar los plazos, diseños, inversiones o costos inicialmente pactados, sin que exista una intervención directa de la entidad responsable del contrato. Por esta razón, plantea que cualquier efecto contractual derivado de decisiones externas sea evaluado y formalizado por la autoridad concedente, respetando el debido proceso y las condiciones económicas establecidas.

A estas preocupaciones se suma otras que tienen que ver con el tratamiento del valor residual de las inversiones, costos adicionales, la creación del Registro Único de Concesiones Portuarias y su posible conflicto con el SECOP, entre otras.

Frente a este panorama, la organización solicitó que antes de la expedición de la reforma se incorporen ajustes para definir con precisión las competencias institucionales, establecer procedimientos abreviados para modificaciones contractuales menores, regular las autorizaciones temporales, proteger la continuidad jurídica de los contratos vigentes y adoptar un régimen de transición que permita implementar las nuevas disposiciones sin generar mayores dificultades.