Así fue la judicialización del alcalde y exalcalde de Ataco, Tolima, por presunta corrupción
Junto a un contratista, el alcalde y el exalcalde de Ataco fueron imputados por presuntas irregularidades en contratos para obras de saneamiento básico financiadas con regalías.
Captura de pantalla: video suministrado por la Fiscalía.
Tolima
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde de Ataco (Tolima), Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exalcalde del municipio, Miller Aldana Castro; y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de saneamiento básico financiado con regalías.
En imágenes suministradas por la Fiscalía General de la Nación se observa el proceso de judicialización y la reseña de los dos dirigentes políticos y el contratista, a quienes un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. La Fiscalía apeló la decisión.
A Muñoz Briñez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; a Aldana Castro, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y a Fajardo Gutiérrez, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El caso
El proceso está relacionado con dos contratos de obra y sus interventorías, suscritos entre junio y agosto de 2022 por más de 21.550 millones de pesos, para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas.
Los recursos fueron aprobados por el OCAD Paz debido a que Ataco está incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuatro años después, el proyecto permanece inconcluso.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer a Fajardo Gutiérrez, cuya empresa presuntamente incumplía los requisitos exigidos.
El contratista también es señalado de intervenir en la asignación de las interventorías. Además, se habrían autorizado pagos por actividades no ejecutadas, lo que habría ocasionado un posible detrimento patrimonial de 499 millones de pesos.
El caso hace parte de la priorización de investigaciones por hechos de corrupción que comprometen recursos del Sistema General de Regalías. Las actividades investigativas fueron adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales, creado para identificar y judicializar este tipo de conductas.
