Juez ordena intervenir puente que pone en riesgo a estudiantes en Norte de Santander
Las condiciones del puente hamaca en La Esperanza afectan entre 2.000 y 3.000 personas.
Puente hamaca en zona rural de La Esperanza. / Foto: Cortesía.
Norte de Santander.
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Esperanza amparó los derechos fundamentales a la educación, la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes de la vereda El Filo, quienes deben atravesar un puente hamaca sobre el río San Pablo para llegar al Centro Educativo Rural León XIII.
La decisión se originó en una acción de tutela presentada por el personero municipal, Julián Eduardo Rubio, luego de que la comunidad alertara sobre el deterioro de la estructura.
De acuerdo con el fallo, un informe técnico elaborado por la propia administración municipal estableció que cerca del 30% de las tablas de la pasarela están deterioradaso podridas y determinó que existe un riesgo alto e inminente de accidentes peatonales.
El concepto también señaló que el puente no es seguro para continuar siendo utilizado de manera regular sin una intervención previa.
La situación ya está afectando el acceso de los estudiantes a la educación. El Centro Educativo Rural León XIII informó al juzgado que dos estudiantes de séptimo y octavo deben cruzar diariamente por este lugar y que, durante las temporadas de lluvia, en ocasiones han tenido que dejar de asistir a clases por el riesgo.
Incluso, una estudiante de séptimo grado fue retirada de la institución por decisión de su acudiente para evitar que continuara exponiéndose al peligro.
El personero Julián Rubio explicó en Caracol Radio qué motivó la acción judicial.
“Se ven las tablas podridas, el puente realmente muy deteriorado y entonces decidimos intervenir en la personería para proteger los derechos de esta comunidad y de los estudiantes de la escuela que cruzan por ese puente y lo usan también”.
El fallo ordenó al municipio de La Esperanza y al departamento de Norte de Santander instalar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, una mesa de trabajo para definir un cronograma de diagnóstico y establecer las acciones necesarias.
La orden incluye una nueva valoración técnica de las guayas, amarres, anclajes y demás elementos estructurales, además de determinar cuáles son las obras necesarias para garantizar un paso seguro.
También deberán analizarse otras alternativas, como una ruta diferente o una solución temporal o definitiva, si técnicamente resultan viables.
El personero explicó que, a partir de esa mesa técnica, deberán definirse las acciones concretas.
“El fallo lo que ordena es constituir una mesa técnica entre la alcaldía y la gobernación y la comunidad para establecer una solución definitiva y una solución que atienda las necesidades de la comunidad”.
Entre las posibilidades está reparar y reforzar la estructura actual o construir nuevamente el puente.
La comunidad, además, ha planteado que una eventual intervención tenga en cuenta el tránsito de motocicletas, debido a que este medio de transporte es utilizado por los campesinos para movilizarse y sacar sus productos.
Mientras se define y ejecuta una solución definitiva, el municipio y el departamento deberán adoptar medidas para garantizar que los estudiantes puedan continuar con su proceso educativo.
El juez incluso contempló alternativas como educación virtual o híbrida, conectividad, dispositivos, material pedagógico y, cuando sea necesario, transporte escolar.
Según el personero, unas 150 personas de dos veredas utilizan directamente este paso, aunque su importancia aumenta cuando otras vías de comunicación de la zona quedan cerradas, situación en la que puede convertirse en una ruta utilizada por entre 2.000 y 3.000 personas.
El juzgado también ordenó que las autoridades informen periódicamente sobre los avances y que las soluciones que se planteen sean socializadas con la comunidad.
El departamento deberá brindar apoyo técnico, administrativo y presupuestal dentro del marco de sus competencias.
