Ordenan traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota de Bogotá

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y quienes se encontraban en guarniciones militares, a la cárcel La Picota en la capital.

Por su parte, la defensa de Sneyder Pinilla, se pronunció en redes sociales al respecto, solicitando que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a ese centro carcelario, argumentando que existe una orden judicial vigente que dispone que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar.

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En ese sentido, el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló que “existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar”.

Añadió que “las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, afirmó el abogado.

Además, el apoderado de Pinilla insistió en que “Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas”.

Agregó en el pronunciamiento que “no se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”.

Olmedo López

El abogado José Moreno, apoderado de López, quien confesó que participó en la planificación y ejecución del saqueo de la UNGRD, entidad que dirigió, se sumó al rechazo de la decisión del INPEC que cobija a su cliente.

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En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el abogado Moreno señaló que “existe una orden judicial que dispuso su reclusión en el Cantón Militar Caldas”.

Añadió que “la propia Fiscalía reconoció por escrito que su riesgo se incrementó por colaborar con la justicia, afirmó que esa situación no ha mejorado y solicitó expresamente que NO fuera trasladado”.

El abogado dijo que el pasado 3 de octubre la misma Fiscalía certificó que López será testigo de cargo en procesos judiciales que se adelantan ante la Rama Judicial.

“A pesar de todo ello, el INPEC pretende trasladarlo a un entorno donde puede quedar expuesto a personas, redes o intereses afectados por sus declaraciones. Ejecutar esta decisión sin que el juez competente modifique su orden podría constituir su incumplimiento y dar lugar a investigaciones disciplinarias y demás responsabilidades legales. No estamos pidiendo su libertad (...)”, señaló Moreno.

Agregó que “estamos exigiendo que se protejan su vida, su colaboración y la verdad del caso UNGRD”.

Finalmente, “solicitamos la suspensión inmediata del traslado y la intervención urgente del juez, la Fiscalía y la Procuraduría. El Estado conoce el riesgo. La Fiscalía lo dejó por escrito. Ninguna autoridad podrá decir después que no fue advertida”.

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