Procuraduría respaldó declaratoria de emergencia económica por el terremoto ante la Corte
La Sala Plena de la Corte Constitucional deberá definir si aprueba o no los decretos expedidos por el Gobierno nacional y si se cumplieron los requisitos para declarar el régimen de excepción.
Procuraduría. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona).
La Procuraduría General de la Nación respaldó ante la Corte Constitucional la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, aunque pidió precisar su alcance territorial.
En el concepto enviado al alto tribunal, el Ministerio Público concluyó que los decretos 1261 y 1348 de 2026 cumplen los requisitos constitucionales para mantener el estado de excepción.
Uno de los principales argumentos está relacionado con la gravedad del fenómeno. La Procuraduría señaló que el sismo y su secuencia de réplicas fueron hechos “imprevisibles, súbitos y extraordinarios” y consideró que generaron afectaciones graves en diferentes sectores.
El concepto destaca que, según los reportes oficiales, el terremoto dejó impactos en viviendas, vías, servicios públicos, infraestructura educativa, hospitales, aeropuertos, establecimientos penitenciarios y judiciales, además de sectores agropecuarios y ambientales.
Para la Procuraduría, la magnitud de los daños superó la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. “Las circunstancias que motivaron la declaratoria del estado de excepción golpearon de forma simultánea y desproporcionada a los territorios afectados”, señala el documento.
Otro de los argumentos está relacionado con la insuficiencia de los mecanismos ordinarios. El Ministerio Público concluyó que las herramientas previstas en la legislación para atender desastres resultaron insuficientes frente a la magnitud, simultaneidad, dispersión territorial y complejidad de los daños.
La Procuraduría también encontró que se cumplió el requisito de delimitación territorial. Sin embargo, pidió que la Corte precise que la emergencia comprenda los 496 municipios en los que la UNGRD reportó afectaciones, además de aquellos otros municipios en los que pueda demostrarse de manera concreta que fueron afectados por el mismo fenómeno.
En materia presupuestal, el concepto sostiene que existían restricciones legales y financieras que impedían al Gobierno movilizar con rapidez los recursos necesarios. “Los mecanismos ordinarios de gestión presupuestal resultan claramente insuficientes para atender una situación excepcional de gran magnitud”, sostuvo la Procuraduría.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...
