Nombran nueva viceministra de agua: ¿declarará conflicto interés por su antiguo cargo en Pereira?
El nombramiento de Mónica Saldarriaga es cuestionado por expertos que se preguntan si interferirá en recursos para la PTAR Pereira, pues dirigió Aguas de Pereira
El Gobierno Nacional hizo oficial un cambio de alto nivel en la gestión del agua en Colombia. A través del Decreto 1167 del 10 de agosto de 2026, se anunció que Ruth Maritza Quevedo deja su cargo y, en su lugar, llega Mónica Paola Saldarriaga Escobar como la nueva Viceministra de agua y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda.
La controversia nace porque, hasta hace apenas unos días, Saldarriaga era la gerente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Este salto de lo local a lo nacional es lo que tiene a varios expertos en alerta, pues ahora ella ocupará un cargo que implica la “dirección, conducción y orientación institucional” de las políticas de agua del país.
El centro de la discusión es un proyecto gigante, la PTAR de Pereira (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Esta es una obra fundamental para limpiar las aguas de la ciudad antes de que lleguen a los ríos, y tiene un costo cercano a los $475.000 millones de pesos.
Lo que preocupa es que Saldarriaga pase de ser quien gestionaba esos recursos en Pereira a ser la funcionaria nacional que tiene injerencia sobre el desembolso de ese mismo dinero. La duda que llega después de esta noticia es si ella podrá ser neutral al decidir sobre los recursos de una obra que ella misma lideraba hasta hace poco.
Si se considera que existe un conflicto de interés, Saldarriaga tendría que presentar impedimentos. Esto significa que ella tendría que apartarse oficialmente de cualquier decisión, firma o reunión que tenga que ver con la PTAR de Pereira para evitar que se piense que está favoreciendo a su antigua empresa.
Esta polémica se debe a que hay casi medio billón de pesos públicos en juego, diversos sectores exigen una “transparencia absoluta”.
Por esta razón, se ha pedido que los organismos encargados de cuidar el comportamiento de los funcionarios y el uso del dinero del Estado (la Procuraduría y la Contraloría) sigan este proceso con lupa para asegurar que los recursos se manejen de forma independiente y sin favoritismos.