En Putumayo 8 mil familias reemplazarán más de 14 mil hectáreas de coca por cultivos legales
Más de 31.000 familias a nivel nacional participan actualmente en procesos de sustitución voluntaria y cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas en cacao, café, ají y plátano.
En Putumayo 8 mil familias reemplazarán más de 14 mil hectáreas de coca por cultivos legales. (Foto: Ministerio de Defensa Nacional)
Más de 8.000 familias campesinas de Putumayo avanzan en un proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que permitirá reemplazar más de 14.500 hectáreas de coca por proyectos productivos legales, a través del programa RenHacemos, liderado por el Gobierno Nacional.
La estrategia, busca transformar los territorios afectados por economías ilegales mediante alternativas sostenibles que generen ingresos y fortalezcan el desarrollo rural.
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Según las autoridades, los campesinos que participan en el programa reciben acompañamiento técnico, incentivos económicos y apoyo para la implementación de cultivos como cacao, café, ají y plátano, productos que se perfilan como motores de la economía regional.
La iniciativa tuvo una jornada simbólica en la vereda Sinaí Vides, zona rural de Villagarzón, donde comunidades campesinas, junto con representantes del Gobierno y la Fuerza Pública, participaron en actividades de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.
Asimismo, fue liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, así como integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional.
En Putumayo 8 mil familias reemplazarán más de 14 mil hectáreas de coca por cultivos legales
De acuerdo con el Gobierno, RenHacemos representa un nuevo enfoque para enfrentar la problemática de los cultivos ilícitos, priorizando el diálogo, los acuerdos comunitarios y la construcción de oportunidades económicas para las familias rurales.
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Las autoridades destacaron que esta transformación no solo impacta la economía local, sino que también contribuye a la seguridad, la convivencia y la construcción de paz en las regiones históricamente afectadas por la presencia de economías ilegales y grupos armados.
A nivel nacional, más de 31.000 familias participan actualmente en procesos de sustitución voluntaria y cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas mediante alternativas productivas legales.