MinSalud rechaza crisis por falta de recursos y acusa irregularidades en EPS

El Ministerio de Salud endureció su choque con ACEMI y varias EPS del país tras rechazar las denuncias sobre una supuesta desfinanciación del sistema de salud y advertir que existen investigaciones, sanciones y hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de pacientes.

La respuesta del Ministerio de Salud se produjo luego de recientes declaraciones de Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, quien insistió en que la Unidad de Pago por Capitación, UPC, no sería suficiente para garantizar la estabilidad financiera del sistema.

Sin embargo, en un pronunciamiento, la cartera aseguró que el debate sobre la crisis de la salud no puede seguir reduciéndose a que “la UPC no alcanza”, mientras persisten investigaciones y cuestionamientos sobre el manejo financiero de varias EPS.

MinSalud menciona investigaciones, sanciones y hallazgos de organismos de control

Uno de los puntos más relevantes del documento es la recopilación de antecedentes judiciales, administrativos y fiscales con los que el Gobierno cuestionó el manejo de recursos por parte de algunas EPS.

El Ministerio indicó que ACEMI y varias entidades afiliadas fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas relacionadas con el manejo de información del sistema y decisiones sobre cobertura de servicios de salud.

Además, aseguró que la Fiscalía General adelanta investigaciones contra exdirectivos de una de las EPS más grandes del país por presunto fraude financiero.

La cartera también citó hallazgos expuestos por la Fiscalía y la Contraloría sobre posibles irregularidades dentro del sistema, entre ellas:

• Cobros a nombre de personas fallecidas,
• Duplicidad de registros de afiliados,
• Recobros presuntamente fraudulentos,
• Pagos de medicamentos por encima de precios regulados,
• Ocultamiento de deudas, y posible uso indebido de recursos públicos destinados a la salud.

Incluso, el documento menciona inversiones y préstamos realizados con dinero del sistema en actividades que “no tenían relación con la salud”.

Gobierno niega desfinanciación y asegura que recursos para salud aumentaron

El Ministerio también respondió directamente a las afirmaciones sobre una supuesta falta de financiación del sistema.

Según las cifras entregadas por la cartera, entre 2022 y 2026 el presupuesto destinado a salud aumentó 51,4%, lo que representaría más de 25 billones de pesos adicionales frente a años anteriores.

Además, aseguró que la UPC registró un crecimiento acumulado real del 28%, equivalente a 21 billones de pesos adicionales para financiar el aseguramiento en salud.

“Decir que hubo desfinanciación del sistema de salud no es más que una falacia”, afirmó el Ministerio.

El Gobierno también sostuvo que los estudios técnicos realizados con información reportada por las mismas EPS no evidencian una insuficiencia estructural de la UPC, sino problemas relacionados con la administración de recursos y la gestión del riesgo en salud.

“Las EPS no pueden solo recibir recursos y pagar facturas”

Otro de los apartados del comunicado apunta directamente al papel de las EPS dentro del sistema de salud.

“La función de una EPS no es simplemente recibir plata y pagar facturas”, señaló el Ministerio, que aseguró que estas entidades deben garantizar atención oportuna, entrega de medicamentos y acceso efectivo a tratamientos para los pacientes.

La cartera insistió además en que las EPS deben responder por las deudas acumuladas con clínicas y hospitales y por las barreras que siguen enfrentando millones de usuarios para acceder a servicios médicos.

Gobierno cuestiona propuestas de ACEMI para reformar el sistema

El Ministerio también criticó las propuestas planteadas por ACEMI dentro de su estrategia de estabilización del sistema entre 2026 y 2030.

Según la cartera, el gremio propone disminuir el giro directo a clínicas y hospitales, aumentar la integración vertical, elevar copagos y cuotas moderadoras, reducir el plan de beneficios y fortalecer planes voluntarios de salud.

Para el Gobierno, estas medidas serían “regresivas” y contrarias al derecho fundamental a la salud establecido en la ley estatutaria.